El Gobierno pactó con el FMI más ajuste fiscal y reformas para sostener su plan económico

La Casa Rosada selló con el Fondo Monetario Internacional un nuevo tramo del acuerdo que no solo contempla el envío de US$12.000 millones inmediatos, sino que marca un giro clave en el programa económico del oficialismo: mayor disciplina fiscal, fin del cepo cambiario casi total y compromisos concretos con el Congreso para avanzar con una reforma tributaria y previsional. Este nuevo entendimiento, enmarcado dentro de la llamada “fase 3”, busca consolidar la estabilidad económica de cara a un año electoral con metas más exigentes en el frente externo y fiscal.

Con la aprobación del FMI y bajo la presión de mostrar resultados concretos, el Gobierno decidió desarmar una a una las restricciones para acceder a dólares. Se terminó el cupo mensual de US$200 para pequeñas compras y cayeron más de una decena de prohibiciones asociadas a subvenciones y programas estatales. También se eliminó el polémico dólar blend, que otorgaba liquidez anticipada a exportadores, mientras se modificó el cronograma de acceso a divisas para pagos de importaciones: ya no habrá una espera obligatoria de 30 días. Sin embargo, se mantiene la percepción del 30% para consumos con tarjeta en el exterior, un gesto hacia la ortodoxia fiscal sin desarmar totalmente el esquema recaudatorio.

El nuevo régimen cambiario supone una flotación regulada: el dólar oficial se moverá entre bandas de $1000 a $1400. Ante amenazas de ruptura de esos márgenes, el Banco Central podrá intervenir. La lógica detrás de este esquema es clara: dar previsibilidad sin liberar completamente el dólar e intentar construir expectativas de estabilidad. Las bandas se ajustarán 1% cada mes, lo que deja ver una intención de convergencia gradual sin sobresaltos.

En paralelo, Economía se comprometió a elevar la meta de superávit primario a 1,6% del PBI, superior al 1,3% que inicialmente había pactado con el Fondo. Esa diferencia de 0,3%, en el contexto argentino, implica un recorte o aumento de ingresos equivalente a miles de millones. La señal al mercado es clara: un plan más ortodoxo, sostenido por una narrativa de solidez macro que busca captar confianza interna y sobre todo externa.

La contracara de este empuje fiscal aparece en los compromisos asumidos de cara al Congreso. El reporte técnico del FMI exige mirar más allá del corto plazo. El Gobierno promete una reforma tributaria que remueva “impuestos distorsivos”, simplifique el sistema y elimine gastos ineficientes. No se trata solo de técnica impositiva, sino de un rediseño político: implicará roces con gobernadores por la coparticipación, pulseadas con sindicatos y una batalla en el Congreso. La intención oficial es que esta reforma comience a ejecutarse antes de 2026, dando espacio para la negociación pero sin dilatar.

La otra pieza clave es la reforma previsional. El FMI presiona para que se integre un sistema fragmentado, se equilibre la relación entre aportes y beneficios, y se fomente la formalización laboral. La lectura política entre líneas indica que el Ejecutivo prepara una arquitectura de poder para dar esa pelea cuando tenga músculo legislativo. En campaña, Milei evitó castigar jubilaciones, pero el pragmatismo económico parece imponer otra lógica.

Mientras tanto, el Banco Central se aferra a la meta de reservas: pasar de US$4900 millones netos en marzo a US$4000 millones positivos para fin de este año. Las próximas revisiones serán en junio y septiembre. La lógica detrás de esa política pasa por la remonetización: sin emisión para cubrir déficit ni intereses, el Gobierno apuesta a que el crecimiento y la demanda de dinero consoliden la caja del Central vía reservas. Si eso no sucede, el plan tambalea.

En palabras del propio Caputo, estamos ante “un mayor esfuerzo fiscal en año electoral”. El ministro le habló al mercado, pero también le envió un mensaje político interno: no habrá desvíos para complacer a sectores que pidan gasto público o devaluaciones compensatorias. La ortodoxia será la bandera, incluso aunque el costo sea social o político. El objetivo es blindar la economía frente a shocks externos y seguir acumulando dólares como única vía de emisión monetaria. Santiago Bausili, desde el BCRA, refuerza esa lógica con su visión: en un esquema de competencia de monedas, la inyección de liquidez vendrá solo si hay reservas.

Este acuerdo no es un simple giro de fondos. Es la base sobre la cual el Gobierno intenta consolidar su programa económico, construir credibilidad en los mercados, y mostrarse capaz de resistir presiones dentro de un año electoral. A ojos del Fondo, el plan es ambicioso. A ojos del votante, aún falta traducirlo en mejoras visibles. De ese equilibrio dependerá, en buena parte, la viabilidad política del experimento libertario en el poder.