Tensión y represión en la nueva marcha de jubilados frente al Congreso

La protesta de jubilados frente al Congreso se convirtió en un nuevo foco de tensión cuando fuerzas de seguridad activaron el protocolo antipiquetes, generando empujones y golpes contra manifestantes. La convocatoria reunió a sectores gremiales, movimientos sociales y partidos de izquierda que buscan visibilizar el reclamo por mejoras en haberes y la restitución de medicamentos gratuitos. La escena, entre corridas y tensión, refleja el clima de confrontación que rodea la política previsional del gobierno.

Desde temprano, un fuerte operativo rodeó al Congreso para contener la movilización. Al principio, los manifestantes se congregaron en la vereda del bar El Molino, pero con la llegada de columnas de la UOM, ATE y la UTEP, la Plaza de los Dos Congresos se llenó de carteles y cánticos de protesta. En zonas clave, las fuerzas de seguridad bloquearon la posibilidad de cortes de calle, lo que derivó en forcejeos entre manifestantes y agentes, culminando en incidentes.

El endurecimiento de la respuesta oficial a las manifestaciones de jubilados viene escalando en las últimas semanas. La represión de hoy no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que se evidenció en marchas recientes, especialmente tras la eliminación por decreto de la moratoria previsional. La administración busca frenar este tipo de protestas con un mensaje de orden y control, mientras que la oposición intenta capitalizar el descontento impulsando proyectos en el Congreso que hasta ahora no logran avanzar.

Los legisladores opositores intentaron la semana pasada obtener quórum para tratar iniciativas que reviertan los cambios jubilatorios, pero la votación fracasó por cinco bancas. En respuesta, el radicalismo convocó a una discusión para el próximo 9 de abril en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, una jugada política que busca volver a instalar el tema en el Congreso y forzar un debate más amplio sobre el futuro de las jubilaciones.

El escenario previsional se ha convertido en un frente de batalla política. La decisión del gobierno de ajustar las jubilaciones sin pasar por el Congreso despertó críticas en sectores que esperaban una solución más negociada. La estrategia del oficialismo es clara: evitar mayores costos fiscales mientras negocia con el FMI y otros organismos. Sin embargo, el costo político de esta decisión sigue creciendo a medida que las marchas ganan fuerza y visibilidad.

La protesta de los jubilados no ocurre en el vacío. Se da en el marco de un clima social cada vez más crispado, con gremios endureciendo posturas y la CGT convocando a un paro nacional para el 10 de abril. Este apoyo sindical no es menor: muestra la convergencia de reclamos de distintos sectores en contra de la política económica del gobierno, generando un frente opositor más amplio y con mayor capacidad de presión.

El oficialismo insiste en que los cambios en el sistema jubilatorio son una necesidad para mantener la estabilidad fiscal, pero los jubilados en la calle responden con un mensaje contundente: las cuentas públicas no pueden equilibrarse a costa de quienes más necesitan. La escena de manifestantes mostrándose en cada semáforo en rojo para visibilizar sus reclamos es el retrato de una sociedad que no se resigna.

Con cada miércoles de protestas, la tensión escala y el Congreso se convierte en el epicentro de una pulseada clave. El oficialismo apuesta a que el desgaste enfriará las calles, pero la dinámica de los últimos días indica lo contrario. La movilización jubilatoria suma aliados y presiona al peronismo, al radicalismo y a la izquierda para que aceleren iniciativas legislativas que puedan modificar la ecuación política.

En este ajedrez en constante movimiento, la clave es quién logra imponer su narrativa: el gobierno defendiendo la austeridad o la oposición canalizando el enojo creciente. En el medio, los jubilados, golpeados por una combinación letal de inflación, pérdida de poder adquisitivo y decisiones que, hasta ahora, no han tenido margen de revisión. Nada indica que las manifestaciones vayan a detenerse y, a medida que el conflicto se recalienta, el gobierno enfrenta un dilema: ceder, negociar o endurecer aún más la represión.