Más de 20 estados, liderados por California y Nueva York, demandaron a Trump tras su decreto que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Expertos legales lo consideran inconstitucional y podría afectar a millones de ciudadanos. La controversia intensifica el debate sobre inmigración en EE. UU. y su futuro legal.
Más de 20 estados contra Trump y la ciudadanía
El presidente Donald Trump desató una ola de críticas y demandas tras emitir un decreto que elimina el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Este derecho, consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución desde 1868, garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. La decisión de Trump ha sido calificada como inconstitucional por expertos legales y líderes políticos en todo el país.
Una medida polémica que divide al país
El anuncio del decreto provocó una rápida reacción de diversas organizaciones de derechos civiles y funcionarios estatales. Más de 20 estados, liderados por California y Nueva York, presentaron demandas inmediatas contra la administración Trump, argumentando que la medida excede sus poderes presidenciales. Letitia James, fiscal general de Nueva York, señaló: “Eliminar este derecho fundamental no solo es ilegal, sino que va en contra de los principios más básicos de nuestra nación”.
Por su parte, Xavier Becerra, fiscal general de California, prometió luchar hasta las últimas instancias judiciales para bloquear el decreto. “La Constitución no es un documento que pueda ser interpretado a conveniencia del presidente”, comentó. Los estados alegan que la acción de Trump busca explotar tensiones políticas y polarizar al electorado con miras a las elecciones presidenciales.
Impacto social y legal
La revocación de la ciudadanía por nacimiento podría tener graves implicaciones para millones de personas nacidas en Estados Unidos. Según el Centro de Estudios de Inmigración Pew, actualmente se estima que más de 4 millones de niños nacidos de padres indocumentados son ciudadanos estadounidenses gracias a este derecho. Ante esta medida, estas personas podrían quedar en un limbo legal, poniendo en riesgo su acceso a derechos fundamentales como la educación y el empleo.
Además, numerosos abogados constitucionalistas han subrayado que el decreto entra en conflicto directo con la interpretación histórica de la Enmienda 14. Laurence Tribe, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard, aseguró: “Un decreto como este contradice más de un siglo de jurisprudencia establecida por la Corte Suprema”. Esto anticipa una larga batalla judicial que probablemente llegue hasta el máximo tribunal del país.
Reacciones políticas y ciudadanas
La decisión de Trump también generó divisiones dentro del Congreso. Mientras legisladores republicanos como Lindsey Graham respaldaron públicamente la medida, demócratas como Nancy Pelosi la calificaron como un acto “desesperado y xenófobo”. Pelosi declaró: “El presidente está atentando contra lo que define a Estados Unidos como una nación de inmigrantes”.
Organizaciones de la sociedad civil, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), lanzaron campañas de información para generar conciencia sobre el impacto del decreto. Asimismo, miles de ciudadanos salieron a las calles en ciudades como Washington, Nueva York y Los Ángeles para protestar pacíficamente y exigir la revocación inmediata de la orden ejecutiva.
El trasfondo político del decreto
Analistas políticos sugieren que la decisión del presidente podría estar motivada por un intento de consolidar su base electoral más conservadora antes de las elecciones. Trump, conocido por su postura dura contra la inmigración, ha reiterado en múltiples ocasiones que considera la ciudadanía por nacimiento como un “imán” para la inmigración irregular. Durante un acto en Texas aseguró: “No podemos permitir que las leyes arcaicas de nuestro país sigan siendo aprovechadas. América debe protegerse”.
Sin embargo, los críticos lo acusan de politizar un derecho constitucional en lugar de abordar las causas subyacentes de la migración. Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, una de las mayores organizaciones latinas del país, calificó la medida como “un ataque directo contra las comunidades inmigrantes que han contribuido al desarrollo de esta nación durante generaciones”.
El futuro de la ciudadanía por nacimiento
La comunidad legal y política coincide en que la batalla por la ciudadanía por nacimiento probablemente se prolongará durante años. Al encontrarse en el centro de un intenso debate nacional, la Corte Suprema podría convertirse en el árbitro definitivo. Mientras tanto, los estados y organizaciones afectadas continúan acumulando recursos legales para enfrentar el decreto.
En un país históricamente moldeado por la inmigración, la decisión de Trump podría tener repercusiones de largo alcance, no solo para los actuales beneficiarios de la ciudadanía por nacimiento, sino también para las generaciones futuras. La disputa legal y política promete intensificarse, con impactos que podrían redefinir aspectos fundamentales del tejido social estadounidense.
Fuente de información: MinutoUno
