Ficha Limpia: la presión de Lospennato expone las contradicciones del oficialismo en la recta final electoral

El proyecto de Ficha Limpia volvió a instalarse en el centro de la escena política cuando quedan apenas días para las elecciones legislativas en la Ciudad. La candidata del PRO lanzó una ofensiva directa contra el Gobierno al acusarlo de maniobras dilatorias con fines electoralistas. “La gente no es ingenua”, disparó, sugiriendo que cualquier intento de modificar el proyecto en el Senado sólo busca demorar su aprobación y evitar costos políticos en el tramo final de la campaña.

La iniciativa, que impediría postularse a personas con condena judicial firme en segunda instancia por delitos contra la administración pública, amenaza con convertirse en un símbolo de transparencia o, por el contrario, en una jugada de ajedrez partidario disfrazada de reforma ética. Si se convierte en ley, impactaría de lleno en figuras del pasado reciente, como Cristina Kirchner, quedando inhabilitada para competir en elecciones nacionales. Lo que para el PRO representa una conquista legislativa largamente impulsada, para otros actores configura una batalla jurídica por venir.

Mientras el Gobierno definía su posicionamiento acerca del tratamiento del proyecto en el Senado, en Diputados ya se tejía un nuevo foco de tensión. La fractura se hizo evidente cuando el bloque de La Libertad Avanza no garantizó el quórum en una sesión clave, dejando ocho bancas vacías. El vacío fue interpretado como un gesto ambivalente: algunos lo atribuyen a negociaciones paralelas con sectores del kirchnerismo para avanzar con los nombramientos judiciales en la Corte Suprema, mientras otros lo leen como un intento por bloquear el rédito político del PRO en vísperas de los comicios.

En este escenario, la presión de Lospennato busca desenmascarar lo que ella considera “una maniobra dilatoria” y cargarle al oficialismo el costo de la postergación. La diputada no se anduvo con rodeos: pidió que, si realmente hay intención de hacer cambios en el texto, que se dé media sanción ahora y se corrija luego en otra instancia legislativa. Sus declaraciones apuntaron más a interpelar al electorado que al oficialismo: “No vamos a faltarle el respeto a la inteligencia de la gente”.

En paralelo, el bloque libertario intentó despegarse de las sospechas difundiendo un comunicado en el que prometen aprobar la media sanción. “Si no hay ley, son funcionales al kirchnerismo”, advirtieron desde el PRO, poniendo aún más presión en el tablero político. La disputa por los plazos legislativos se entrelaza con una pelea de fondo mucho más compleja: quién se queda con el rédito de encarnar la bandera anticorrupción frente al electorado porteño.

El texto cuenta con un respaldo social significativo. Desde su primera presentación en 2016, la iniciativa sumó adhesiones transversales y quedó reinstalada con fuerza en la agenda pública. Pero a pesar de su popularidad y de la promesa del Ejecutivo de apoyar una versión propia del proyecto, la falta de determinación política para cerrar su aprobación es vista como un reflejo de las tensiones al interior de la coalición gobernante. Lo que el Gobierno no dice públicamente es que sancionar la ley con el impulso opositor sería concederle una victoria simbólica a sus rivales, especialmente en un momento donde el margen de maniobra política es estrecho.

La interna entre el oficialismo y el PRO se juega también en el terreno discursivo. Desde el Gobierno reconocen en privado que frenar la sesión podría ser incluso más dañino que habilitarla. “Quedar pegados al kirchnerismo hoy puede costar caro”, confiesa en reserva un operador parlamentario. En ese cálculo entra también el propio electorado de La Libertad Avanza, que exige señales claras en temas de transparencia.

Al cierre de esta edición, la incertidumbre persiste. El Senado aún no garantiza una votación inminente, y los plazos se estiran cada hora que pasa. Mientras tanto, Lospennato y el PRO redoblan la apuesta, usando la demora como munición de campaña. “Si la ley se aprueba ahora, el crédito es nuestro; si no se aprueba, la responsabilidad es de ellos”, resumen desde su entorno. La batalla por la Ficha Limpia dejó de ser solo legislativa: es política, simbólica y electoral.