Cuando el crimen organizado dejó de ser un problema de seguridad para convertirse en arquitectura del poder
Por Rodrigo Altamirano Vega | Análisis político Febrero 2026
Hay una imagen que se repite en los pueblos del occidente mexicano y que los funcionarios de la Secretaría de Seguridad prefieren no ver: el narco poniendo el alumbrado público donde el municipio no llega, el narco reparando caminos que el Estado abandonó hace décadas, el narco distribuyendo despensas en temporada de sequía. No es romanticismo ni apología. Es la descripción fría de un proceso de sustitución institucional que lleva treinta años avanzando sin que ningún gobierno federal haya encontrado la manera honesta de nombrarlo.
México en 2026 no enfrenta un problema de narcotráfico. Enfrenta algo más profundo y más incómodo: la coexistencia institucionalizada con estructuras de poder paralelas que, en amplias zonas del territorio nacional, ya no son paralelas, sino que son el poder.
El mapa que nadie quiere leer completo
Según la Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2025 de la DEA, no hay un solo estado de México donde el crimen organizado no tenga presencia. Al menos siete cárteles se disputan el país, encabezados por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que operan en más de 40 países. Esos datos no son novedad para ningún analista de seguridad. Lo que sigue siendo tabú es la conclusión política que se deriva de ellos: si el crimen organizado está en los 31 estados de la república y en prácticamente todos los municipios con relevancia económica o geográfica, entonces la pregunta no es cómo combatirlo, sino cómo explicar que el Estado mexicano funcione a pesar de eso, o más precisamente, junto a eso.
La respuesta incómoda es que en muchas partes no funciona junto al crimen organizado. Funciona a través de él.
La guerra que nunca fue tal
Cuando Felipe Calderón movilizó al ejército en diciembre de 2006, vendió la narrativa de una guerra. Dieciséis años después y con más de 480 mil muertos acumulados desde entonces, esa narrativa se sostuvo con la misma tenacidad con que se sostuvo el fracaso. Cada presidente prometió resultados distintos con estrategias distintas: Calderón apostó por la confrontación directa, Peña Nieto por la captura de capos mediáticos, López Obrador por los abrazos y la atención a las causas sociales. Los tres gobernaron sobre el mismo terreno fangoso y ninguno alteró estructuralmente el fenómeno.
Lo que sí alteraron fue la geografía del crimen. Las capturas y los golpes a los liderazgos históricos no debilitaron a los cárteles, los fragmentaron. Y la fragmentación, como cualquier politólogo sabe, no produce menos violencia sino más: cuando hay un monopolio de la fuerza, aunque sea criminal, existe un cierto orden. Cuando ese monopolio se rompe, la guerra por reconstruirlo cobra más vidas que el monopolio mismo.
El caso más reciente antes de esta semana era ilustrativo: tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en territorio estadounidense en 2024, el Cártel de Sinaloa entró en una guerra interna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos que generó más de 800 homicidios solo en ese estado. Eso es lo que produce “capturar a los capos”: no el desmantelamiento del sistema criminal, sino su reorganización violenta.
22 de febrero de 2026: el día que cambió el tablero — y lo que viene
El domingo pasado México vivió el operativo antinarco más significativo de su historia reciente. Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue abatido en un operativo federal en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, municipio ubicado a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara. Azteca Noticias La operación fue ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, y contó con inteligencia compartida por agencias estadounidenses. Debate El resultado: El Mencho murió herido de gravedad durante el traslado aéreo a la Ciudad de México. Debate
Más allá de las repercusiones inmediatas, la muerte de El Mencho es el mayor éxito de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ninguna administración mexicana previa había conseguido eliminar a un capo de semejante peso criminal. Wikipedia Y eso hay que reconocerlo con la misma franqueza con que hay que advertir lo que viene después.
La reacción del CJNG fue inmediata y deliberada. Se produjeron bloqueos de rutas con vehículos incendiados, tiroteos, ataques a comercios y una paralización general en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas. En Guadalajara hubo más de 30 puntos de bloqueos y enfrentamientos en toda el área metropolitana. Wikipedia El saldo hasta la mañana del lunes superaba los 60 muertos y una veintena de heridos. Ministerio de Defensa Las autoridades educativas suspendieron clases en Jalisco, Nayarit y Guanajuato. La Embajada de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos permanecer en resguardo.
Esa respuesta no es solo venganza. Es un mensaje institucional del crimen organizado al Estado mexicano, una demostración de que incluso sin su líder fundador, el CJNG conserva la capacidad de paralizar regiones enteras del país a pocas horas de un golpe. Es, también, la prueba más brutal de todo lo que este artículo ha intentado argumentar.
Hay que leer con cuidado lo que este episodio revela sobre el poder real de estas organizaciones. Bajo la dirección de El Mencho, el CJNG pasó de ser una organización regional de tráfico de drogas a convertirse en una potencia del crimen organizado internacional. Infobae El grupo tiene contactos en todas las Américas, así como en Australia, China y el sudeste asiático. Serendipia Una estructura así no se desintegra con la muerte de su fundador. Se reorganiza.
¿En torno a quién? Esa es la pregunta que hoy ninguna agencia de inteligencia puede responder con certeza. Analistas advierten que el CJNG enfrenta una encrucijada: reestructurarse de forma controlada o fragmentarse en facciones, lo que llevaría a una posible guerra interna devastadora. La experiencia de otros cárteles decapitados sugiere que la fragmentación es el escenario inmediato más probable. Wikipedia Y ya hay indicios: desde que surgieron rumores anteriores sobre la salud del capo, el CJNG había mostrado fracturas internas, con líderes locales independizándose, como José Bernabé Brizuela Meraz, alias “La Vaca”, fundador del Cártel Independiente de Colima. Univision
Hay una dimensión geopolítica que tampoco puede ignorarse. La caída de El Mencho se produjo en un momento de máxima sensibilidad para México: faltan menos de cuatro meses para el inicio del Mundial de Fútbol 2026, y el epicentro de la violencia fue Guadalajara, ciudad que será sede de cuatro partidos del torneo. Wikipedia La imagen de columnas de humo en una ciudad sede del Mundial en el año en que el mundo mirará a México no es un detalle menor. Es la síntesis de todas las contradicciones del país.
Tampoco es menor el papel explícito de Washington. Un funcionario de Defensa estadounidense reconoció que la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial contra el Cártel participó en la operación a través del Comando Norte. Infobae La Administración Trump se apresuró a apropiarse del éxito, aunque la acción fue mexicana en su ejecución. Eso habla de una colaboración binacional que, bien encaminada, podría ser transformadora. Pero también de una relación asimétrica en la que México gana el operativo y Estados Unidos gana el titular político.
El verdadero test no es lo que pasó el domingo. Es lo que pase en los próximos seis meses. Si la muerte de El Mencho produce, como la historia enseña, una guerra de sucesión sangrienta, entonces el gobierno de Sheinbaum habrá ganado una batalla simbólica enorme pagando un precio en sangre de civiles que nadie querrá contabilizar. Si en cambio el Estado mexicano logra aprovechar el vacío para desmantelar redes financieras y corrupción de mandos, habrá algo diferente. Algo que todavía no tiene nombre en la historia del narcotráfico mexicano.
El fentanilo y la trampa geopolítica
El negocio hoy no se parece al de hace veinte años. El CJNG logró en apenas una década el mismo crecimiento territorial que al Cártel de Sinaloa le llevó tres. Los dos grupos operan con presencia activa en prácticamente todos los estados de Estados Unidos, y entre ambos son responsables de más de 270 mil muertes por sobredosis de opioides en ese país en los últimos años.
Aquí se abre una de las contradicciones más reveladoras del momento actual: Estados Unidos exige a México que resuelva un problema que tiene dos caras. La oferta es mexicana, cierto. Pero la demanda es americana, profundamente americana, estructuralmente americana. El fentanilo no llega a Ohio porque los cárteles son extraordinariamente hábiles. Llega porque hay millones de personas en Estados Unidos que lo consumen, muchas de ellas atrapadas en una crisis de salud pública que ese mismo gobierno ha gestionado con una combinación de negación y represión durante décadas.
Lo que la DEA no dice en sus informes es que esa expansión ocurre en un ecosistema que Washington también alimenta: con el flujo de armas que viajan de norte a sur, con los dólares del narcomenudeo que se lavan en el sistema financiero internacional, con la hipocresía de la política antidrogas que castiga al productor y al traficante pero nunca ataca con igual energía al sistema bancario que procesa sus ganancias.
La designación terrorista y sus consecuencias
La decisión de Donald Trump de designar formalmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas abre un capítulo nuevo cuyas consecuencias nadie puede predecir del todo, pero que cualquier analista moderadamente serio puede identificar como peligrosas.
En teoría, la designación permite al gobierno estadounidense aplicar sus leyes antiterroristas, congelar activos, procesar en sus cortes a personas vinculadas a estas organizaciones. En la práctica, crea una presión diplomática sobre México que tiene más de teatro político que de política pública coherente. Si las organizaciones terroristas extranjeras pueden ser militarmente atacadas, ¿dónde queda la soberanía de México? Si el criterio es el daño que causan a ciudadanos estadounidenses, entonces los propios fabricantes de armas que surten a los cárteles deberían tener la misma etiqueta.
Hay algo profundamente deshonesto en la postura de Washington: exigir a México que elimine organizaciones criminales que se financian en parte con armas americanas, se lavan en bancos internacionales con nula supervisión efectiva y subsisten gracias a una demanda de consumo que ningún gobierno estadounidense se ha atrevido a atacar de frente. Y luego aparecer en el titular del lunes apropiándose del éxito del operativo de Tapalpa.
Lo que Sheinbaum heredó, lo que enfrenta y lo que ganó
El gobierno de Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia con una ventaja que pocos reconocen públicamente: heredó una tendencia a la baja en los homicidios, no una crisis en ascenso. El problema es que esa reducción no reflejaba necesariamente más control del Estado, sino en muchos casos más consolidación de los cárteles en sus territorios. Cuando hay menos disputas activas, hay menos muertos. Eso no es paz, es hegemonía criminal estabilizada.
La estrategia de García Harfuch en la Secretaría de Seguridad apuesta por la inteligencia sobre la confrontación, por la desarticulación financiera sobre las balaceras televisadas. El operativo del domingo fue su prueba más exigente y la superó. Pero tiene un límite estructural que sus diseñadores conocen bien: no puede funcionar si la corrupción institucional no se ataca con la misma energía, y atacar la corrupción institucional significa investigar a funcionarios, policías, militares y políticos que nadie en el sistema tiene verdadero interés en exponer.
El éxito de Tapalpa no resuelve nada de eso. Lo que sí hace es demostrar que el Estado mexicano tiene capacidad operativa cuando hay voluntad política real. Esa demostración vale. La pregunta es si se sostendrá cuando bajen las cámaras.
El problema que nadie nombra
El narcotráfico en México no es solo un problema de seguridad ni de salud pública ni de política exterior. Es también un problema de economía política. En regiones como la sierra sinaloense, la Tierra Caliente michoacana o partes de Guerrero y Oaxaca, la economía del narco no es marginal: es la economía. Eliminarla sin sustituirla por algo no produce desarrollo, produce colapso social.
Ningún gobierno, de ningún partido, ha tenido el valor político de decirlo en voz alta: que parte de la solución pasa por entender que hay comunidades enteras cuya supervivencia económica está atada a una actividad ilegal porque el Estado nunca ofreció otra cosa. Y que mientras eso no cambie, el reclutamiento de jóvenes por parte de los cárteles no será una anomalía sino una respuesta racional a una ausencia histórica.
¿Hay salida?
Sí, pero ninguna es indolora ni rápida, y todas requieren honestidad política que escasea. La reducción real del poder de los cárteles pasa por atacar su capacidad financiera, no solo sus liderazgos. Pasa por reformar profundamente las instituciones de procuración de justicia que hoy son parte del problema. Pasa por asumir que el prohibicionismo como política pública ha sido un fracaso verificado en cincuenta años de evidencia y que la regulación es una conversación que hay que tener, aunque incomode. Y pasa, fundamentalmente, por que Estados Unidos deje de exportar el problema mientras acusa a México de no resolverlo.
La muerte de El Mencho es, en ese contexto, un hito y no una solución. El hombre que construyó el imperio cayó en las sierras de Jalisco mientras era trasladado en helicóptero. El imperio sigue en pie. En algún cuarto cerrado de Guadalajara, alguien ya está peleando por heredarlo.
Mientras tanto, en algún municipio de Michoacán, alguien con la camiseta equivocada sigue poniendo focos en la calle principal. Y los vecinos, hartos de esperar al gobierno, le agradecen.
El autor es analista político especializado en seguridad y crimen organizado en América Latina.
