El conflicto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia por ataques a policías se intensifica. El ministro porteño, Eugenio Burzaco, exige coordinación tras episodios violentos, mientras que funcionarios bonaerenses acusan al gobierno porteño de desviar la atención de sus propias falencias en materia de seguridad. La tensión política crece en un año electoral.
Conflicto por ataques a policías: un cruce entre jurisdicciones
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires protagonizan un nuevo cruce político, esta vez, en torno a la escalada de ataques sufridos por agentes de la Policía de la Ciudad en territorio bonaerense. Los enfrentamientos políticos se intensificaron tras los recientes episodios de violencia en la periferia de la ciudad, que llevaron al ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, a expresar su preocupación públicamente.
Las declaraciones no fueron bien recibidas por las autoridades bonaerenses. Javier Alonso, un funcionario del entorno del gobernador Axel Kicillof, respondió con dureza, acusando al gobierno porteño de intentar distraer a la opinión pública. “Están tratando de hacernos subir a un ring que es insólito. En lugar de ocuparse de los problemas de su propia gestión, buscan generar polémicas que no aportan soluciones”, señaló Alonso durante una entrevista concedida este martes.
Escalada de ataques: el foco del reclamo porteño
El conflicto comenzó a raíz de una serie de episodios violentos reportados por la Policía de la Ciudad en jurisdicción bonaerense. Según fuentes de la fuerza porteña, al menos tres agentes fueron heridos en enfrentamientos recientes mientras intentaban realizar operativos en las fronteras metropolitanas, áreas históricamente conflictivas en términos de seguridad.
Esta situación llevó a Burzaco a cuestionar al gobierno provincial por la falta de articulación entre ambas jurisdicciones para garantizar la seguridad. “No podemos permitir que nuestros agentes sean atacados simplemente por cruzar un límite geográfico. La seguridad debe ser una prioridad conjunta”, expresó el ministro porteño en un comunicado divulgado el lunes por la mañana.
El tono de estas críticas generó incomodidad en la administración bonaerense, que considera que el gobierno porteño busca achacarle responsabilidades propias. Desde La Plata insisten en que los límites jurisdiccionales son claros y que cualquier operativo a realizar en territorio provincial requiere coordinación previa, algo que, según ellos, no se estaría cumpliendo siempre desde la Ciudad de Buenos Aires.
Acusaciones cruzadas sobre la gestión de la inseguridad
En medio de las tensiones, Alonso aprovechó la oportunidad para criticar directamente la política de seguridad implementada por la gestión de Mauricio Macri cuando estuvo al frente del Gobierno de la Ciudad. “No olvidemos que las falencias en materia de seguridad que hoy enfrentan son el legado de políticas que priorizaron la propaganda por encima de los resultados”, afirmó el funcionario bonaerense.
La posición de la administración de Kicillof parece centrarse en señalar que la estrategia de seguridad porteña no estaría funcionando de manera efectiva, especialmente en las zonas limítrofes entre ambas jurisdicciones. “Hoy más que nunca, la coordinación y el trabajo conjunto son esenciales. Sin embargo, no podemos permitir que se nos culpe por problemas que no nacieron durante esta gestión”, agregó Alonso.
Desde el lado porteño, no han faltado declaraciones recordando su responsabilidad de actuar en caso de incidentes en áreas colindantes, advirtiendo que la provincia no siempre cumple con su parte en los operativos. “Es inaceptable que haya lugares donde nuestros efectivos no puedan realizar su trabajo sin temor a represalias o ataques”, insistió Burzaco en declaraciones recientes.
Impacto político en medio de un año electoral
El cruce de acusaciones también tiene un claro trasfondo político, considerando el contexto de un año electoral y el marcado enfrentamiento ideológico que caracteriza a ambas administraciones. Por un lado, el gobierno porteño, liderado por Horacio Rodríguez Larreta, busca consolidarse como un ejemplo de gestión eficiente frente a la mirada nacional. Por el otro, la administración de Kicillof intenta reforzar su enfoque territorial en la provincia más extensa y poblada del país.
Analistas advierten que las disputas por temas de seguridad se han convertido en una constante entre ambas jurisdicciones. “Este tipo de conflictos no son nuevos, pero suelen intensificarse en contextos de crisis o de campaña electoral, donde cada actor político intenta capitalizar su versión de los hechos”, señala el politólogo Gabriel Rodríguez.
En este clima, la falta de cooperación entre jurisdicciones pareciera ser un obstáculo recurrente a la hora de abordar problemas estructurales. Ambos gobiernos enfrentan críticas tanto por la percepción de inseguridad como por la politización de los problemas, algo que tiende a alejar las soluciones reales.
Reclamos ciudadanos y demandas por mayor coordinación
Mientras el enfrentamiento político escala, los ciudadanos de ambas jurisdicciones exigen respuestas concretas ante el aumento de los hechos de violencia. Residentes de las zonas limítrofes se encuentran atrapados en la falta de políticas integrales de seguridad, situación que alimenta el malestar social y los reclamos por mayor coordinación entre ambas fuerzas policiales.
Las organizaciones vecinales han denunciado en reiteradas oportunidades la precariedad tanto en personal policial como en recursos para garantizar un control efectivo del delito. Voces de los barrios más afectados aseguran que la competencia política entre Ciudad y Provincia deja a los ciudadanos desprotegidos. “Pelean entre ellos, pero mientras tanto seguimos viviendo con miedo”, expresó un vecino de Lomas de Zamora.
Esta problemática también ha puesto en el centro del debate la actuación del Ministerio de Seguridad Nacional, encargado de coordinar los operativos conjuntos en casos extremos. Sin embargo, hasta el momento, la cartera dirigida por Aníbal Fernández ha mantenido un perfil bajo respecto al conflicto, limitándose a declaraciones generales sobre la importancia de fortalecer las estrategias regionales en temas de control y prevención.
Expectativas ante posibles medidas conjuntas
Con el escándalo instalado en la opinión pública, crecen las expectativas acerca de posibles reuniones entre las autoridades de ambas jurisdicciones para intentar zanjar las diferencias. Si bien no hay confirmaciones oficiales, desde fuentes cercanas a ambos gobiernos no descartan que en los próximos días se convoque a una mesa de trabajo conjunto para tratar estos temas, específicamente vinculados a las zonas calientes del conurbano.
El cruce de acusaciones parece lejos de resolverse en el corto plazo, pero lo cierto es que la escalada de violencia en áreas limítrofes obliga a las administraciones a explorar alternativas para evitar que se vuelvan recurrentes. Mientras tanto, la tensión política promete seguir marcando la agenda, a medida que se acercan las elecciones y las estrategias de cada bando se intensifican en busca de consolidar su liderazgo público.
