El Senado de la Nación aprobó la declaración de emergencia por 180 días para Bahía Blanca y el establecimiento de un fondo especial de 200 millones de pesos destinado a la reconstrucción de esa ciudad bonaerense, severamente afectada por las inundaciones ocurridas en marzo, que dejaron 16 muertos y una profunda crisis social y económica. La iniciativa, impulsada por un frente inusual entre senadores kirchneristas y radicales, ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados.

La norma contempla también declarar zona de catástrofe a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, y habilita el uso de los fondos para subsidios y créditos orientados a la reconstrucción de infraestructura pública nacional, provincial y municipal, así como a reparación y construcción de viviendas para damnificados. Asimismo, el proyecto habilita la reapertura de servicios públicos y el restablecimiento de la actividad económica en las zonas afectadas.

Con el voto afirmativo de 68 senadores, la iniciativa fue promovida principalmente por Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro, referentes del oficialismo, junto al radical Maximiliano Abad. Esta convergencia vuelve a mostrar cómo los desastres naturales y sus consecuencias pueden generar acuerdos excepcionales en un Congreso que ha estado fuertemente dividido por cuestiones ideológicas y de estrategia electoral.

La sesión fue también escenario de intervenciones con trasfondo político. Di Tullio, referente del kirchnerismo, apuntó de forma indirecta al Gobierno nacional al exigir que “reflexione” sobre su falta de reconocimiento del cambio climático. La senadora remarcó que la negación del fenómeno implica “un daño enorme” y recordó las pérdidas humanas y simbólicas sufridas por las familias. En línea con ella, pero desde una postura más técnica, Abad advirtió sobre la necesidad de políticas de sostenibilidad ambiental y destacó la importancia de una gestión climática moderna y eficiente.

El senador radical también hizo una jugada discursiva al subrayar el rol del Estado nacional. Recordó que el Ejecutivo había firmado un decreto el pasado 31 de marzo creando un régimen específico de subsidios para los residentes de viviendas afectadas, lo que puede interpretarse como un intento de equilibrar la discusión y evitar que todo el rédito político caiga en manos del Congreso. Además, aprovechó para entrar en terreno asociado a la coparticipación fiscal, un tema cada vez más presente en la agenda oficialista, para sostener que “los municipios necesitan recursos” si se espera que estén a la altura de estas emergencias.

En tanto, los representantes de provincias con problemáticas similares hicieron escuchar su voz. Guillermo Andrada, de Catamarca, alertó sobre la falta de voluntad política para anticiparse mediante presupuestos planificados a catástrofes que, claramente, ya no pueden ser catalogadas como eventos excepcionales. Sergio Leavy, referente kirchnerista por Salta, pidió incluir también al departamento de Rivadavia, afectado cíclicamente por las crecidas del río, en la declaración de emergencia. El Senado aprobó ese punto durante la misma sesión.

Más allá de los consensos logrados, la sesión sirvió para marcar otros contrastes ideológicos. Mientras algunos legisladores aprovecharon para instalar nuevamente el debate sobre el negacionismo climático en algunos sectores del Gobierno, otros buscaron dejar asentado que el Estado nacional ya había comenzado a actuar con medidas concretas. Estos cruces no están exentos de cálculo electoral: tanto Di Tullio como Abad tienen intereses políticos a mediano plazo y medir quién capitaliza el respaldo a Bahía Blanca es una batalla simbólica en pleno año legislativo.

La aprobación del fondo especial llega también en un momento de fuerte presión social. Desde el sector empresarial vinculado a la construcción hasta organizaciones barriales y cooperativas, venían reclamando una respuesta institucional que agilizara la recuperación de los barrios afectados, muchos de los cuales siguen sin servicios básicos operativos. En ese sentido, la partida de 200 millones representa más una señal política de acompañamiento que un volumen presupuestario capaz de revertir de forma inmediata la devastación causada por el temporal.

Si la Cámara de Diputados convalida el proyecto tal como fue aprobado, entonces tanto Bahía Blanca como Rivadavia contarán con el respaldo de una ley nacional que permitirá esquivar burocracias administrativas. Pero el foco estará puesto también en la ejecución real de los fondos, en tiempos donde sobran las declaraciones y faltan resultados concretos.