La desregulación impulsada por Federico Sturzenegger en el mercado de cueros de Argentina ha generado tensiones significativas. Esta medida, que permite la exportación de cuero en bruto, afecta a empresas como SADESA, vinculada a Marcos Galperin, y plantea interrogantes sobre la competitividad local y el impacto en la industria nacional.
La desregulación de Sturzenegger genera tensiones en el sector de los cueros
Federico Sturzenegger, en su entonces rol como presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri, implementó una desregulación en el mercado de cueros que impactó directamente en una de las principales actividades comerciales de Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre. Este cambio normativo generó una controversia significativa en el ámbito empresarial, político y económico del país, abriendo interrogantes sobre los objetivos y consecuencias colaterales de la medida.
La reglamentación, que eliminó ciertas restricciones en la exportación de cuero en bruto, tocó un punto neurálgico: la cadena de valor del cuero, donde la familia Galperin tiene importantes intereses a través de su conocida curtiembre SADESA. Este negocio, clave en la industria argentina de cuero terminado y manufacturado, se vería afectado por un potencial aumento de la competencia ante la posibilidad de que materias primas críticas salieran del país sin procesar. Frente a este panorama, diversos sectores señalaron que la desregulación podría erosionar la producción local y generar fugas de valor agregado al extranjero.
Los intereses detrás del mercado del cuero
SADESA, controlada históricamente por la familia Galperin, se posiciona como uno de los principales actores dentro del mercado de exportación de cuero manufacturado de Argentina. La empresa abastece a importantes marcas internacionales de productos de lujo y calzado, consolidándose como uno de los pilares en este sector. La normativa previa restringía severamente la exportación de cuero sin elaborar, una medida destinada a proteger la industria nacional de manufactura y promover que la materia prima se transformara dentro del territorio argentino.
El cambio impulsado por Sturzenegger representa un desafío crítico para empresas como SADESA, que dependen de una cadena productiva integrada y orientada hacia la manufactura. Con la eliminación de barreras, los exportadores de cuero crudo podrían ahora vender directamente en el mercado internacional, muchas veces a precios más competitivos, creando potencialmente un desabastecimiento para los fabricantes locales.
En este contexto, las decisiones del BCRA reavivaron antiguas discusiones sobre la relación entre medidas de liberalización económica y las consecuencias sobre las empresas locales. ¿Están los intereses del libre mercado enfrentados a los de los productores nacionales? ¿Qué impacto tendrá esta política en términos de empleo y desarrollo industrial en el país?
Debate político y reacciones de los empresarios
La desregulación generó una multiplicidad de reacciones en el ámbito empresarial y político. Si bien desde el oficialismo se argumentaba que la medida buscaba diversificar ingresos y abrir oportunidades de exportación para pequeños productores, los críticos señalaron las posibles consecuencias negativas sobre las principales curtiembres y su capacidad para competir de manera sostenible.
No solo se percibió un impacto económico; algunos analistas calificaron el movimiento como una acción que podría llevar a que grupos vinculados al oficialismo, como Mercado Libre y su fundador Marcos Galperin, enfrenten situaciones incómodas en términos de ingresos por su participación en SADESA. Sin embargo, los voceros del gobierno de entonces rechazaron cualquier intencionalidad política o personal detrás de estas medidas.
Asimismo, el debate adquirió un cariz de mayor complejidad al ser relacionado con una discusión más amplia sobre el modelo económico que promovía el gobierno de Macri. ¿Era esta liberalización una decisión aislada o formaba parte de un modelo más estructural que priorizaba la exportación sobre la industrialización? ¿Se buscaba beneficiar a un número reducido de actores en detrimento de una industria históricamente estratégica para el país?
Impactos y desafíos en el escenario económico
El sector de los cueros ocupa un importante lugar en la estructura económica argentina, siendo responsable de miles de empleos directos e indirectos. La preocupación por la potencial pérdida de competitividad de las curtiembres se conectó rápidamente con incertidumbres respecto al nivel de actividad industrial y la capacidad del sector de absorber esta nueva dinámica. Un segmento que históricamente exportó productos de cuero terminado a mercados internacionales ahora podría enfrentarse al dilema de abastecimiento o a precios más elevados por las materias primas necesarias.
La medida también trajo consigo preguntas sobre el equilibrio regional. Varios productores de otras zonas económicamente más frágiles del país manifestaron que la desregulación podría relegar aún más a las economías locales. Si las exportaciones directas de cuero en bruto resultaran ser más rentables, sería previsible una menor predisposición a trabajar con curtiembres asentadas en distintos puntos del país, concentrando aún más la actividad exportadora.
Un sector que enfrenta profundas transformaciones
La industria del cuero en Argentina atraviesa un momento complejo donde se entremezclan decisiones regulatorias, intereses empresariales y desafíos económicos en un contexto más amplio de globalización. En este panorama, las medidas como la desregulación impulsada por Sturzenegger no solo exponen las tensiones internas del sector, sino también las contradicciones económicas y políticas de un país que busca capitalizar sus recursos sin sacrificar la competitividad de su industria.
¿Qué mecanismos podrían adoptarse para balancear los intereses de los exportadores y de los productores locales? ¿Se podrían implementar políticas complementarias para evitar un impacto social negativo? En este punto, todas las miradas están puestas en la capacidad del Estado y los actores del sector privado para buscar consensos que garanticen un desarrollo equilibrado.