Un crimen en la Patagonia que sacude a una comunidad aislada

La muerte de Segundo Quilodrán en una estancia cercana a Ricardo Rojas ha revelado un entramado de violencia y resistencia al aislamiento de los campos patagónicos. Lo que en un principio parecía un accidente, rápidamente mutó en una acusación grave: Carlos Omar Llaipén, dueño de la estancia, ahora enfrenta cargos por homicidio agravado.

Una versión que cambió con las horas

Las primeras informaciones hablaban de un accidente. Quilodrán, un peón rural contratado para arrear yeguas y caballos, apareció muerto al lado de su moto en un área de difícil acceso. No había caminos visibles, solo una pendiente pronunciada y un cañadón. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando Llaipén admitió haber disparado un rifle calibre 22 contra el trabajador.

Según testigos y registros, el acusado no tardó en revelar su implicación. No solo reconoció el disparo, sino que habría amenazado a quienes se encontraron con él en la escena: “A vos te va a pasar lo mismo”, habría dicho, reforzando la hipótesis de un asesinato intencional.

Un acto premeditado en un paraje sin ley

El crimen ocurrió a más de cincuenta kilómetros del límite con Chile, en una zona donde la comunicación es casi inexistente. No había barreras visibles que marcaran los límites de los campos, lo que podría haber generado una confusión legítima en Quilodrán, quien apenas conocía el terreno. Sin embargo, Llaipén no le dio margen de error. Apuntó, disparó y dejó el cuerpo tirado.

Los elementos recolectados por los investigadores no dejan margen para la duda. El arma tenía mira telescópica, lo que sugiere que el atacante actuó con total precisión. Además, la moto de la víctima quedó en primera velocidad, indicando que no iba rápido ni en una situación de escape.

Un viejo conflicto y el peligro de fuga

Llaipén no tenía antecedentes penales registrados, pero su comportamiento lo describía como un hombre de pocas relaciones y con antecedentes de conflictos menores. Una vecina había denunciado un altercado por una tranquera, una disputa que terminó con una vía de resolución informal. Sin embargo, más allá de estos incidentes, lo que preocupa a los investigadores es la posibilidad de que el acusado intente fugarse.

El camino hacia Chile es una vía latente. Con el conocimiento del terreno y la ausencia de controles en la zona, la posibilidad de que escape no se descarta. Por ello, en su primera audiencia, la fiscalía enfatizó el riesgo de fuga y solicitó la prisión preventiva. La justicia aceptó el planteo, dejando a Llaipén bajo custodia mientras se avanza en el proceso judicial.

Un caso que expone las tensiones en la frontera

Más allá del crimen en sí, este episodio deja al descubierto la fragilidad de ciertas áreas en la Patagonia donde el Estado tiene una presencia limitada. Los conflictos por tierras y las disputas entre propietarios y trabajadores no son nuevos, pero este caso pone de relieve la falta de mecanismos para resolverlos antes de que escalen a la violencia extrema.

La imagen de un hombre abatido en un terreno aislado y un atacante sin intención de socorrerlo refuerza el peso de una realidad incómoda: en estas zonas, la vida y la muerte pueden quedar definidas por viejas reglas de hostilidad más que por la ley misma.