El gobierno nacional formalizó el traspaso de Minas Capillitas a CAMYEN, reconfigurando la minería en Catamarca. Este acuerdo incluye una compensación de 48.200 millones de pesos para infraestructura y energía. El gobernador Jalil destacó el logro, que responde a un histórico reclamo por el control de recursos locales.“`html
Nación formaliza el traspaso de Minas Capillitas a CAMYEN
En una movida que reconfigura la estructura minera de Catamarca, el gobierno nacional oficializó mediante decreto el traspaso del complejo minero Minas Capillitas a Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.), materializando un pacto sellado meses atrás entre la Casa Rosada y la provincia. El acuerdo, más allá del traspaso de activos, responde a una estrategia del Ejecutivo para cancelar deudas cruzadas con varias provincias mediante la cesión patrimonial.
El decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei encomienda a la Agencia de Transformaciones de Empresas Públicas del Ministerio de Economía, a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado y al Ministerio de Defensa la ejecución de los pasos administrativos necesarios para completar la transferencia. Se estipula que, en un plazo máximo de seis meses, CAMYEN tendrá en su poder la totalidad de la administración y dirección del yacimiento.
El trasfondo del acuerdo tiene raíces en diciembre del año pasado, cuando la gestión nacional, en un intento de acomodar su delicada situación financiera, impulsó un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Catamarca se sumó al plan obteniendo, a cambio, el control sobre Minas Capillitas y la presidencia de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), que históricamente fue motivo de disputa entre actores políticos y económicos.
Además del traspaso minero, el convenio incluye una compensación de 48.200 millones de pesos para la provincia, con la promesa de destinar esos fondos a infraestructura vial, obras de agua y saneamiento, construcción de viviendas y mejoras en el sector energético. La firma del acuerdo quedó sellada entre el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Economía, Luis Caputo, en un gesto que exhibe la convivencia pragmática entre la gestión libertaria y ciertos sectores del peronismo provincial.
El decreto presidencial justifica la maniobra en la necesidad de reducir el alcance de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, evitando la dispersión de su actividad en proyectos ajenos a su función central. En términos políticos, el traspaso no es solo un acto administrativo: representa un golpe de efecto para Jalil, quien ahora se posiciona como un gobernador con mayor control sobre los recursos mineros estratégicos de Catamarca y, al mismo tiempo, tranquiliza demandas locales sobre la gestión de recursos naturales por parte de la Nación.
Tras la rúbrica del decreto, el gobernador Jalil no tardó en aprovechar el momento y destacó el acontecimiento en sus redes sociales. “Hoy se formalizó el traspaso de Minas Capillitas para que oficialmente esté en manos catamarqueñas. Es un compromiso que habíamos asumido y gestionamos ante la Nación, que hoy finalmente fue rubricado por el presidente Javier Milei”, expresó en su cuenta de X, en una clara alusión al peso político del acuerdo.
El discurso de Jalil, además, apuntó a un componente emocional clave: el histórico reclamo de Andalgalá por un mayor control sobre sus recursos. Así, el mandatario insistió en que “se hace realidad el sueño de los andalgalenses: ser poseedores completamente de todos los derechos y recursos del complejo minero Minas Capillitas”. Más allá de la retórica, el desafío real será gestionar eficientemente el yacimiento dentro de una economía en contracción y con un sector minero que exige inversiones constantes.
El traspaso de Minas Capillitas se inscribe en una lógica de orden fiscal que Milei impulsa con agresividad: reducir la participación del Estado nacional en múltiples actividades económicas y descentralizar compromisos financieros cediendo activos patrimoniales negociados con provincias. Sin embargo, la entrega de recursos naturales a las jurisdicciones locales puede traer disputas en el mediano plazo, especialmente si los acuerdos de saneamiento fiscal con los gobernadores no terminan de dar los resultados esperados.
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