Balacera en bulevar Seguí: una señal alarmante de impunidad y escalada criminal en Rosario

Una nueva balacera en plena vía pública sacudió el entramado urbano de Rosario. Esta vez, el blanco fue un colectivo de la línea 110, atacado a plena luz del día en bulevar Seguí al 3300, en la zona sudoeste de la ciudad. Un pasajero terminó herido y las fuerzas de seguridad investigan si los disparos partieron desde fuera del vehículo o si el tirador viajó abordo como un civil más hasta que desenfundó el arma. Los primeros indicios apuntan a la segunda hipótesis, que eleva el nivel de peligrosidad e impunidad del hecho.

El episodio ocurrió pasadas las 18.30. La víctima resultó herida por astillas de vidrios luego de que los proyectiles rompieran una de las ventanillas del ómnibus. El chofer activó el botón de pánico e inmediatamente personal del Comando Radioeléctrico y del sistema de emergencias médicas SIES acudieron al lugar. La respuesta del Estado fue rápida en términos operativos, pero la secuencia en sí misma revela otra fractura más dentro del cada vez más empobrecido sistema de seguridad provincial.

No hubo detenidos al cierre de este informe y la investigación se encuentra en manos del Ministerio Público de la Acusación. Lo que inicialmente se interpretó como un ataque externo, quizás con intenciones de intimidación o advertencia territorial, fue reformulado a raíz de peritajes en el interior del vehículo. Los orificios provocados por las balas y la dirección de los impactos sugieren que el tirador estaba dentro del colectivo. Se trataría de un ataque premeditado con una puesta en escena que recrea lo peor de los métodos mafiosos: infiltrarse entre los ciudadanos comunes, atacar y desaparecer.

Esta modalidad no es nueva en Rosario, donde el narcomenudeo y las disputas entre bandas mutaron a una violencia indiscriminada. A este caso se le debe sumar otro episodio reciente protagonizado por la misma línea de transporte, la 146, que también fue tiroteada en el sur rosarino el año pasado. En aquel entonces, se sindicó como instigador al conocido René Ungaro, líder de una estructura criminal que desde hace años desborda los anaqueles judiciales. Pero en aquel ataque no había pasajeros, lo que diferencia radicalmente el nivel de exposición y riesgo del suceso más reciente.

En paralelo, la misma organización delictiva volvió a estar en las portadas con una fuga de adolescentes del ex instituto de responsabilidad penal juvenil (Irar). Uno de ellos, implicado en el ataque a la línea 146, había escapado hace poco y fue recapturado. Se trata de un engranaje más del circuito de impunidad que tolera y reproduce estas formas de violencia. La fuga esboza un mensaje claro: quien debe estar bajo custodia del Estado logra eludirla, mientras la población civil queda atrapada entre las balas.

La línea 110 opera en una de las zonas calientes de la ciudad, enclavada entre los barrios Alvear y San Francisquito, territorios cruzados por rivalidades narco que no cesan. La decisión de disparar dentro de un colectivo denota nervios de acero o frialdad estratégica, lo que en ambos casos habla de actores que no temen a la acción punitiva del Estado. Tampoco descarta la posibilidad de mensajes por encargo. El futuro inmediato de la investigación debería centrarse no solo en la identificación del tirador, sino en la lectura de intereses detrás del episodio.

La balacera contra el transporte público tiene efectos colaterales que trascienden los hechos policiales. Rosario Bus, la empresa prestataria, sufre en su operación diaria. La amenaza de viajar expuesto a tiros desincentiva la frecuencia del servicio y empuja a muchos a cambiar de medio de transporte. La consecuencia política de esta violencia se vuelve tema de conversación entre gremios, sindicatos de choferes, empresas y el mismo municipio, que suele quedar atrapado entre los reclamos de los trabajadores y la falta de herramientas adicionales para garantizar protección.

La ausencia de una estrategia integral también es parte del problema. La simultaneidad de hechos similares permite suponer que existe una lógica que articula estos ataques. No puede tratarse solo de delincuentes comunes o episodios aislados. Que se repliquen —con choferes a bordo, en horarios pico, en barrios de alta exposición— revela un patrón. La Policía de Investigaciones y la fiscalía especializada en balaceras lo saben mejor que nadie. Sin embargo, la falta de detenciones inmediatas, sumada a la impunidad estructural de quienes comandan desde las cárceles, impide generar disuasión efectiva.

Rosario vuelve a colocarse en el epicentro de un fenómeno que combina violencia simbólica con guerra territorial. Los disparos sobre colectivos públicos son más que amenazas: son demostraciones de poder. El silencio posterior, la ausencia de capturas y la repetición de escenas similares amplifican la sensación de desgobierno en determinados sectores de la ciudad. Si de algo sirve este nuevo ataque sobre la línea 110, es para desnudar una vez más que el Estado continúa corriendo detrás de los hechos. Y que los que disparan, actúan con la certeza de que tendrán tiempo suficiente para desaparecer sin consecuencias.