Los magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE), Cármen Lúcia Antunes, Alexandre de Moraes, y Kassio Nunes Marques, tienen en sus manos la posibilida de condenar al expresidente.
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue inhabilitado electoralmente durante ocho años por abuso de poder en el marco de un mecanismo de desinformación sobre el sistema electoral antes de su derrota frente a Lula durante las elecciones de 2022.
Cuatro jueces del tribunal votaron a favor de condenar a Bolsonaro, que perdió por un estrecho margen las elecciones de octubre frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación, mientras que uno no lo hizo. El proceso se reanudó con los votos de la magistrada y vicepresidenta del Tribunal Superior Electoral, Cármen Lúcia Antunes, del presidente del Tribunal, Alexandre de Moraes, y de Kassio Nunes Marques.
El Tribunal Superior Electoral logró la mayoría de cuatro votos sobre siete con el sufragio de la jueza Antunes. El punto central del juicio se centró en el encuentro organizado por el propio Bolsonaro, quien convocó a medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022, para descalificar de manera grave el sistema electoral.
En la sesión del jueves, los magistrados Floriano de Azevedo Marques y André Ramos Tavares también habían votado a favor de la condena que ahora recae sobre el líder del Partido Liberal (PL).
Marqués, por su parte, explicó la forma en que Bolsonaro puso en duda la credibilidad del sistema electoral durante todo 2022: “El presidente podía legítimamente abstenerse, conservar sus creencias, su incredulidad, pero no le correspondía generar sospechas de forma institucional sobre la fiabilidad del sistema electoral, a través del cual había sido electo varias veces, ni en la televisión nacional, y mucho menos ante representantes de naciones extranjeras”.
Raul Araújo fue el único juez que, hasta el momento, se manifestó en contra de la inhabilitación electoral de Bolsonaro para los próximos ocho años. El letrado reconoció la campaña de desinformación del expresidente, pero señaló que “el requisito de gravedad suficiente”.
“El contenido del discurso, en sus trechos censurables, surtió poco efecto en cuanto a su supuesto intento de deslegitimar las urnas, que es el argumento central de la denuncia”, argumentó Araújo.
Además, el letrado agregó que se debe respetar el derecho a la libertad de expresión del expresidente y que el discurso frente a los embajadores en el Palacio de la Alvorada no tuvo nada “fuera de lo normal”.
