La alfabetización en la mira: el desafío federal frente a una crisis silenciosa

Todas las provincias argentinas se sumaron a la cruzada nacional por la alfabetización, pero el compromiso no ha sido parejo, ni suficiente. Desde mayo de 2024, tras el lanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización y los respectivos planes provinciales, 24 jurisdicciones comenzaron a desplegar acciones orientadas a revertir una de las urgencias más estructurales del sistema educativo: garantizar que los alumnos de tercer grado comprendan lo que leen. La consigna “Que entiendan lo que lean” aterrizó nuevamente en la agenda pública con fuerza. Sin embargo, bajo el entusiasmo discursivo, la implementación revela una postal desigual y llena de matices.

El diagnóstico es inquietante. Las pruebas de desempeño en comprensión lectora advierten desde hace tiempo sobre una brecha crítica en los primeros años de la escuela primaria. La respuesta del Estado vino de la mano del Compromiso Federal por la Alfabetización, que sentó las bases de esta nueva etapa. Pero más allá del documento y la foto institucional, lo que marca la diferencia son los hechos: formación docente, distribución de libros, evaluación y norma jurídica que sostenga la política más allá de los gobiernos. Y en cada rubro, la disparidad salta a la vista.

Una investigación de seguimiento realizada por Argentinos por la Educación expone el mapa completo. A nivel nacional, 20 provincias afirman tener sistemas nominales de información con cobertura en más del 90% de sus escuelas—aquellos que permiten un seguimiento claro y personalizado del trayecto de cada estudiante. Pero Catamarca, Santiago del Estero y Tierra del Fuego están claramente rezagadas, operando con esquemas que aún no capturan en tiempo real lo que sucede en las aulas. San Juan, por su parte, no registra datos del sector privado, un vacío difícil de justificar en pleno siglo XXI.

Otro eje sensible es la formación docente. Solo 12 provincias alcanzaron a toda o casi toda su planta de maestros del primer ciclo (1º a 3º grado). El resto optó por programas fragmentarios, talleres regionales o instancias acotadas. Algunas jurisdicciones decidieron una capacitación focalizada: CABA priorizó a docentes de tercer grado, Córdoba ofreció formación voluntaria para más de 5.000 docentes, mientras que Mendoza la organizó en encuentros mensuales. Buenos Aires recurrió a los institutos de formación y cuerpos de supervisión para ampliar el alcance. Sin embargo, el esfuerzo sigue siendo desigual.

Formosa se destacó con resultados y despliegue: obtuvo los mejores números en la prueba Aprender de lectura, e implementó capacitaciones presenciales y virtuales en todas sus delegaciones. Santiago del Estero, a pesar de sus deficiencias en cobertura de datos, ensayó una estrategia más quirúrgica: entrenó a docentes sobre fluidez y comprensión, y focalizó acciones en 40 escuelas con resultados bajos. Esta pulsión por medir, aunque limitada, es un diferencial. Veinte provincias aplicaron sus propias evaluaciones complementarias, en su mayoría centradas en segundo y tercer grado. Once de ellas las hicieron de forma censal, dando señales de voluntad técnica para diagnosticar con mayor precisión, aunque aún falte sistematicidad.

La entrega de libros es otra medida simbólica y concreta, pero también inconstante. Buenos Aires distribuyó más de 2 millones de ejemplares, aunque sin información clara sobre destinatarios. Mendoza focalizó en primer grado, mientras que Santa Fe repartió una novela y un cuadernillo a todos los alumnos de 1º grado en el marco de su plan “Raíz”. A nivel federal, el reparto es todavía errático y depende más del voluntarismo político que de un esquema nacional sostenido y planificado.

En cuanto al amparo normativo, sólo 17 jurisdicciones erigieron alguna forma legal que respalde sus políticas de alfabetización, sea mediante resoluciones ministeriales, leyes o normativas específicas. Las siete restantes, omisas o carentes de voluntad formal, confirman que la alfabetización sigue siendo una prioridad de ocasión, no de largo plazo. En este punto, queda claro que sin un marco institucional sólido, la continuidad queda a merced del calendario electoral, y no del interés pedagógico.

Un dato que no pasa desapercibido es el desmarque político. Seis provincias—Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Formosa y La Pampa—no firmaron el Compromiso por la Alfabetización, una iniciativa impulsada por el sector civil que busca dejar en blanco sobre negro la voluntad de priorizar esta crisis educativa. Sin esa firma, el mensaje es doble: hay gestión técnica, sí, pero sin obligación política. Y eso empieza a hacer ruido.

Mientras tanto, la campaña de concientización volvió a escalar redes y medios. Con el empuje de más de 200 organizaciones y la visibilidad de figuras públicas, el clamor social gana volumen. Pero como todo mantra que no se traduce en política efectiva, corre el riesgo de transformarse en espectáculo. Lo urgente es blindar la alfabetización como política de Estado, dotarla de previsión presupuestaria, sostenerla más allá de los gobernadores de turno y convertirla en piso mínimo de la agenda educativa. Y en ese camino, la participación cívica no debe servir solo para aplaudir—sino también para exigir.