Inundaciones en el norte bonaerense revelan fragilidad del sistema de contención y exponen tensiones políticas

Más de mil personas evacuadas, rutas provinciales y nacionales cortadas y barrios anegados en múltiples municipios exponen una vez más la ineficacia estructural de los dispositivos provinciales de gestión de catástrofes. Las lluvias intensas que golpearon la madrugada del sábado al norte y este de la provincia de Buenos Aires no solo dispararon evacuaciones masivas, sino que también pusieron en tensión los vínculos entre el gobierno bonaerense y el nacional, en plena época de recorte presupuestario y ajuste.

Campana, Arrecifes y Zárate se convirtieron —otra vez— en epicentros del caos, mientras el agua se abría paso entre calles colapsadas y rutas intransitables. En el barrio San Cayetano, en Campana, unas mil personas fueron llevadas a centros seguros en operaciones encabezadas por la Policía bonaerense, Prefectura y bomberos locales. A esa cifra se suman los registros de Arrecifes (163), Zárate (160), Moreno y Salto (180 cada uno), y San Antonio de Areco (70), según informes oficiales de primera hora.

Si bien las precipitaciones fueron intensas —hasta 100 milímetros en algunas regiones— la vulnerabilidad estructural es el verdadero rostro de esta emergencia: drenajes obsoletos, infraestructura básica inexistente y una planificación urbanística que ignora recomendaciones técnicas desde hace décadas. En paralelo, los operativos de asistencia exhiben un esfuerzo coordinado, pero tardío, con más de 200 agentes desplegados, 65 móviles terrestres y 16 embarcaciones. La pregunta que resuena en silencio es por qué se actúa siempre una vez desatada la crisis.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia comunicaron que operan en conjunto con fuerzas federales, incluyendo Policía Federal, Prefectura y Protección Civil Nacional. El despliegue está focalizado, según fuentes del operativo, no solo en la evacuación y asistencia, sino también en controlar situaciones de saqueos y seguridad residual, aprovechando la distracción generada por la emergencia climática.

La lectura política no tardó en emerger. Con un clima preelectoral que ya calienta motores, mientras la ministra de Seguridad nacional intenta capitalizar su presencia en zonas críticas, desde la gobernación buscan blindar la narrativa de “prevención activa”, convocando en paralelo a su comité de crisis. La pulseada no es menor: representa la tensión tácita por el control del territorio en un año signado por el ajuste provincial y nacional.

Vialidad provincial y nacional emitieron alertas solicitando evitar las rutas más afectadas: la Provincial 51 (tramo Arrecifes – Carmen de Areco), la Provincial 191 (Arrecifes – Salto), la Nacional 8 (entre los kilómetros 98 y 168) y la Nacional 9 (entre Baradero y Campana), todas completamente intransitables. La situación desnudó viejas deudas de infraestructura que gobiernos sucesivos prometieron resolver, pero que vuelven a cobrar peaje apenas el clima ofrece resistencia.

El sistema 911 fue reforzado para dar respuesta a los crecientes llamados y desde Defensa Civil intensifican tareas de patrullaje que tienen tanto de logística como de contención simbólica: en zonas vulnerables, la presencia oficial garantiza también un acceso mínimo a la información y reduce los márgenes de desinformación que se expanden en redes sociales con cada episodio climático.

A medida que avanzan las horas, la situación sigue siendo de alerta. El monitoreo indica que habrá lluvias persistentes durante la mañana y el inicio de la tarde, principalmente en el AMBA y los corredores norte y este. Las interrupciones en los servicios, las clases y la actividad económica ya se hacen sentir, y las consecuencias políticas de esta crisis comienzan a delinearse.

El trasfondo es claro: en medio de un contexto de restricciones fiscales y recortes de partidas, la respuesta ante catástrofes se ha vuelto también una disputa narrativa entre jurisdicciones. Cada evacuado es, además de una víctima, parte de una cifra que alimenta o erosiona legitimidades. Y detrás de cada fotografía de un funcionario asistiendo con botas de lluvia hay una pulseada invisible por controlar el relato del desastre y, eventualmente, el voto de los damnificados.

La emergencia climática reveló con crueldad lo que ocurre cuando las tensiones políticas son más sólidas que las defensas hidráulicas. Mientras el agua arrasa viviendas, la agenda de la transición política se mezcla con las imágenes de angustia. En el fondo, lo que está bajo agua no son solo los barrios: también la credibilidad de un sistema que sigue sin prevenir, solo reacciona.