El Gobierno avanza con la privatización total de ENARSA y da el primer paso con la venta de su participación en Transener

El Gobierno nacional puso en marcha la privatización total de Energía Argentina S.A. (ENARSA) y abrió formalmente el juego al capital privado con la venta del 100% de sus acciones en CITELEC S.A., la sociedad que controla Transener, la empresa responsable de la transmisión de energía eléctrica en todo el país. La decisión fue oficializada por decreto y marca el punto de partida de un plan más amplio de desguace de empresas estatales, bajo la lógica de que el sector privado está mejor preparado para asumir funciones clave en áreas estratégicas del Estado.

Detrás del anuncio, se despliega una estrategia que va más allá de una simple reconversión operativa. Se trata de una definición política que encaja perfectamente dentro del ideario del gobierno de turno, consistente en minimizar el aparato estatal y delegar en el mercado los resortes estructurales de la economía. El caso Transener es simbólico y estratégico. Controla más del 86% de las líneas de alta tensión del país, con una concesión que abarca cerca de 15.400 kilómetros de redes y 60 estaciones transformadoras. Es, en términos simples, la columna vertebral del sistema eléctrico argentino.

El Ejecutivo justifica la operación bajo el argumento de eficiencia. Señala que ENARSA viene registrando un déficit sistemático, sostenido con transferencias multimillonarias del Estado nacional. De acuerdo al Decreto 286/2025, el Tesoro inyectó en 2023 más de $1,2 billones para sostener su operativa. En el mismo texto se afirma que la estatal ha fracasado en su rol prestador, tanto en calidad del servicio como en la administración de los recursos asignados. La conclusión: el Estado no puede, el privado sí.

Pero no todos comparten ese diagnóstico. Desde sectores técnicos vinculados al área energética advierten que el proceso podría implicar la pérdida de resortes clave para la política pública. Uno de los críticos más escuchados fue el exsubsecretario de Energía, Federico Basualdo, que ya había advertido que ENARSA no sólo cumple un papel esencial en la garantía del suministro (sobre todo en momentos de alta demanda), sino que además gestiona activos estratégicos fundamentales para la soberanía energética. Privatizar su estructura implicaría, según su visión, ceder capacidad de regulación y control del Estado sobre un sistema que ya opera con altos niveles de concentración.

La estructura accionaria de Transener es también clave para entender los intereses en juego. Desde su creación, la sociedad pasó por distintas combinaciones de capitales nacionales y extranjeros. En 2007, la brasileña Petrobras fue obligada a desprenderse de su participación en CITELEC por orden de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, lo que abrió paso a un reacomodamiento interno. Allí ingresó ENARSA como actor de peso, junto con la empresa Electroingeniería, a la que finalmente reemplazó por completo. Del otro lado permaneció Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que hoy todavía ostenta cerca del 50% de las acciones.

El concurso público para la venta de CITELEC será tanto nacional como internacional. No es difícil prever que los ojos estarán puestos en grandes actores del sector, con capacidad de inversión y experiencia operativa, pero también con vínculos suficientes como para hacer pesar sus intereses en una negociación de alto voltaje. La movida abre la puerta a una mayor extranjerización del enclave energético, algo que ya genera resistencias silenciosas dentro de sectores técnicos y sindicales que ven en el control estatal al menos un límite simbólico frente a la concentración del capital.

Desde el oficialismo, el discurso es claro: la iniciativa pretende mejorar la eficiencia del servicio, fomentar la competencia y garantizar precios más justos y sostenibles para todos los usuarios. Bajo esa lógica, el Estado debería retroceder a un rol de árbitro, más que de jugador activo, delegando en el mercado no sólo la ejecución sino las decisiones estratégicas ligadas al desarrollo energético del país.

El Poder Ejecutivo se ampara en la ley de Bases, cuyo artículo 7° estableció a ENARSA como susceptible de ser privatizada. El proceso fue concebido en etapas, para asegurar la continuidad operativa y evitar disrupciones en obras esenciales. A futuro, no se descarta que otros activos de la firma, vinculados al gas o la exploración de hidrocarburos, también sigan el mismo camino que el de Transener.

La medida se enmarca dentro de una serie de reformas estructurales que buscan rediseñar el modelo de intervención del Estado en la economía argentina, bajo el argumento de racionalidad presupuestaria y eficiencia administrativa. A la vez, refleja el convencimiento de que el capital privado será el verdadero motor de crecimiento, inversión e innovación. Pero a medida que los engranajes de la motosierra presidencial se activan, también sube el nivel de tensión política dentro y fuera del Congreso. La avanzada sobre ENARSA no sólo toca intereses económicos. También habilita una discusión más amplia sobre qué papel debe jugar el Estado en áreas tan sensibles como la energía. Y esa discusión apenas empieza.