El Gobierno apunta contra la jueza que liberó a los detenidos en la marcha por los jubilados

Un nuevo frente de conflicto se abre entre el Gobierno y la Justicia. La administración de Javier Milei arremetió contra la jueza Karina Andrade luego de que esta ordenara la liberación de 114 personas detenidas durante los incidentes ocurridos en la marcha de jubilados en el Congreso. Desde la Casa Rosada no escatimaron críticas: acusaron a la magistrada de “militar la impunidad” y anunciaron que pedirán que su accionar sea investigado por el Consejo de la Magistratura.

Los eventos se desencadenaron tras una masiva protesta en el centro porteño donde se registraron disturbios, enfrentamientos y detenciones. En total, 124 personas fueron apresadas, aunque Andrade dispuso la liberación de la mayoría, argumentando que el procedimiento carecía de información precisa sobre los motivos específicos de cada detención, lo que dificultaba la legalidad del procedimiento de flagrancia.

Desde el oficialismo la reacción fue inmediata. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, calificó la decisión como un ejemplo de la “justicia de puerta giratoria” y señaló directamente a Andrade como responsable de una política judicial que “socava la seguridad en el país”. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó su desconcierto respecto a la falta de dureza en la aplicación de la ley y cuestionó la lógica detrás de la liberación masiva.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se sumó a las críticas al enfatizar que los disturbios fueron liderados por “barras bravas” y denunciando que la jueza omitió investigar quiénes estaban detrás de la organización de los incidentes. “La Justicia libera, pero nosotros no vamos a dejar pasar esto”, sostuvo. En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue aún más categórica al señalar que los manifestantes liberados volverán a delinquir “la semana que viene”.

En su fallo, Andrade defendió su decisión sosteniendo que en el caso se encontraban en juego derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a manifestarse. Además, aludió a la falta de información clara sobre las circunstancias de cada detención, y argumentó que los adultos mayores tienen un resguardo constitucional especial bajo la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El Gobierno, que ha mostrado una línea dura en el manejo de la seguridad y la protesta social, ve en este episodio una nueva afrenta de un sector judicial que, a su juicio, favorece la impunidad. La posibilidad de una ofensiva oficialista contra la jueza en el Consejo de la Magistratura es una señal clara de que la administración de Milei no tiene intención de ceder en su embestida contra lo que considera el garantismo judicial. El futuro inmediato dirá si esta pulseada tendrá consecuencias concretas para Andrade o si se trata de una nueva exhibición de fuerza discursiva por parte del oficialismo.