Escándalo judicial en Misiones: los hermanos Kiczka frente al veredicto por delitos de abuso infantil

Una audiencia cargada de tensión y recelo se vivió en los tribunales de Posadas, Misiones, donde Germán y Sebastián Kiczka, acusados por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil, ampliaron sus declaraciones sin aceptar preguntas. Mientras la justicia se apresta a dictar el veredicto este miércoles, la defensa ensaya declaraciones tardías que buscan despegarse del contenido incriminatorio, pero no logran disipar el peso de las pruebas presentadas en su contra.

El caso, que puso en jaque al entorno político provincial por la figura del exdiputado Germán Kiczka, sacudió además por el volumen del material encontrado. Entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, se documentó la descarga y distribución de 603 archivos vinculados a explotación sexual infantil, incluyendo prácticas que la justicia consideró de extrema gravedad, como la zoofilia, y con víctimas menores de 13 años, según peritajes oficiales.

“No pensé que era ilegal ver esos videos en internet”, fue la frase con la que Sebastián Kiczka intentó justificar su accionar ante los jueces, en una postura que, lejos de encontrar respaldo jurídico, instaló una sensación de desconcierto entre quienes siguen la causa. Por su parte, Germán, en una jugada casi desesperada, apuntó a la posibilidad de que el pendrive clave del caso haya sido “plantado” en su casa durante el allanamiento. Sus palabras no sólo sonaron inconsistentes, sino que intentaron desligarse del contexto tecnológico con un tono forzado: habló de tareas de estudio, trabajos impresos y responsabilidades familiares para justificar el material hallado.

El juicio avanzó con el ritmo vertiginoso de un caso con fuerte carga probatoria. En la décima audiencia, los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya incorporaron por lectura seis declaraciones sumadas en la fase de instrucción. Además, un testigo prestó testimonio presencial. Se espera que el fallo se dé a conocer en una audiencia pública a las 8:30 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples de los tribunales misioneros.

Pero lo que parecía un simple expediente penal entre acusados comunes, se transformó rápidamente en una caja de resonancia política y social. Germán Kiczka, una figura vinculada al poder legislativo, intentó desvincularse de los chats de Telegram donde circulaba el material, afirmando que jamás respondió o participó activamente. También deslizó explicaciones sobre su canal de YouTube “El show de magia del Tío Germán”, describiéndolo como “una actividad familiar” nacida de la inocencia de grabar trucos de magia para su sobrina. La mención de personajes concretos como Delfina, Bautista y Cayetano en los videos generó reacciones encontradas: mientras Kiczka insistía en que eran contenidos lúdicos, la acusación planteó que su narrativa se diluye frente al contexto de los archivos peritados.

El mayor de los hermanos insistió en su desconocimiento sobre la ilegalidad del contenido que decía ver “por ansiedad” durante una reunión familiar. Aseguró haber borrado todos los archivos tras esa noche, pero admitió haber olvidado el pendrive conectado a la computadora. Este descuido sería, según la fiscalía, un factor crucial en el hallazgo del material y la comprobación de la reiteración del delito.

Ambos imputados permanecen detenidos desde agosto de 2024 en la unidad penitenciaria de Cerro Azul. Mientras Germán está acusado principalmente por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil, Sebastián arrastra, además, la imputación por distribución y un expediente separado por abuso sexual.

La gravedad del caso va más allá del delito individual. El trasfondo político y la exposición de fallas institucionales en la prevención, seguimiento y regulación de este tipo de conductas en funcionarios de rango legislativo activó una ola de cuestionamientos. El impacto público también pone sobre la mesa el debate acerca del rol del Estado en el monitoreo de redes, plataformas digitales y aplicaciones que se utilizan para la circulación de contenidos ilegales, así como el entrenamiento judicial para abordar estos delitos con perspectiva de niñez y delito digital.

Con un fallo en puerta y el avance de otras causas conexas, el caso Kiczka se instala como uno de los escándalos judiciales y políticos más resonantes de los últimos años en la región. La justicia deberá demostrar que puede responder con eficacia a delitos de una sensibilidad extrema, mientras la política observa el desenlace con la atención propia de quienes saben que la inocencia institucional es un bien tan frágil como necesario.