El Gobierno recurrirá al FMI para sanear la deuda con el Banco Central

El presidente firmó un decreto de urgencia para cancelar los pasivos de la autoridad monetaria heredados del kirchnerismo. Con este movimiento, busca convertir deuda interna en deuda con el Fondo Monetario Internacional, en un contexto de tensión política y necesidad de financiamiento.

El decreto ya fue publicado en el Boletín Oficial y el Ejecutivo cuenta con un margen de diez días para enviarlo al Congreso. A su vez, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo dispondrá de otros diez días para emitir dictamen. El oficialismo apuesta a que, mientras no sea rechazado en ambas cámaras, el DNU seguirá en vigencia. En la Cámara de Diputados, el Gobierno confía en que tiene los números para evitar su derogación.

El texto oficial establece que los fondos del FMI se destinarán a cancelar las letras intransferibles en dólares que el Banco Central recibió del Tesoro bajo administraciones previas. En términos prácticos, significa que la deuda que hoy está en manos de la autoridad monetaria pasará a ser un compromiso directo con el organismo internacional. Además, el decreto prevé que el Ejecutivo asuma los vencimientos del programa de Facilidades Extendidas acordado en 2022.

Estrategia financiera y repercusiones políticas

La decisión de avanzar por decreto generó un cimbronazo en la oposición. Desde sectores legislativos advierten que esta maniobra contradice la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que exige aprobación parlamentaria para la toma de compromisos similares. Sin embargo, el oficialismo fundamenta que el Congreso tiene la posibilidad de derogar el decreto, por lo que no incumpliría la norma.

El trasfondo es claro: si bien enviar el acuerdo con el FMI como un proyecto de ley habría requerido mayor consenso legislativo, un DNU impide que la oposición pueda bloquear la medida fácilmente, ya que su rechazo exige mayoría en ambas cámaras. En especial en el Senado, donde el peronismo conserva un bloque fuerte, la estrategia de la administración actual apunta a evitar un posible traspié legislativo.

Determinar si esta jugada logrará viabilidad política depende ahora de la habilidad del gobierno para sostener alianzas parlamentarias. Algunos legisladores opositores y espacios dialoguistas ya anticiparon objeciones, no solo por la metodología sino también por los impactos económicos a largo plazo.

El cambio de acreedor y el peso sobre la economía

El punto central de la medida radica en transformar deuda interna en externa, lo que implicará nuevas condiciones y plazos de pago. Mientras con el Banco Central los pasivos estaban bajo un esquema más flexible en pesos, el financiamiento con el FMI impone compromisos en dólares y con lineamientos estrictos.

Internamente, esto también conlleva consecuencias en la hoja de balance del Banco Central, que dejaría de recibir esos recursos en forma de letras del Tesoro, ganando espacio financiero, pero al mismo tiempo trasladando el problema directamente al Ministerio de Economía.

El Ejecutivo apuesta a que este movimiento se comprenda como un paso en el sendero de ordenamiento fiscal y normalización financiera. Sin embargo, en el corto plazo abre un frente de incertidumbre: la sostenibilidad de la deuda externa sigue siendo un tema crítico, y la capacidad de cumplimiento de pagos dependerá del éxito de las políticas de estabilización planteadas.

El gobierno confía en que este cambio generará confianza en los mercados y responderá a compromisos asumidos con el Fondo, aunque el debate legislativo y el impacto en la economía real serán el verdadero termómetro de la medida.