El Gobierno pospone anuncio clave sobre dólares no declarados y enfrenta tensión con Tierra del Fuego

El Ejecutivo decidió suspender a último momento el lanzamiento del paquete económico que buscaba blanquear los denominados “dólares del colchón”. La definición quedó en pausa, mientras el jefe de Gabinete asegura que persisten dudas legales sobre el encuadre normativo. Al mismo tiempo, la administración libertaria profundiza el conflicto con Tierra del Fuego por la baja de aranceles a productos electrónicos, medida que derivó en una convocatoria a un paro total en la provincia austral.

Sin anuncio y con explicaciones a medias, el mensaje de la Casa Rosada intenta disipar las críticas internas y externas. Según confirmaron desde el Ejecutivo, la postergación no responde tanto a cuestiones técnicas como a una estrategia política para evitar acusaciones de oportunismo en medio del calendario electoral. La idea original era incentivar el regreso de dólares guardados fuera del circuito formal. Pero las objeciones sobre la trazabilidad de los fondos y la necesidad de cumplir con las regulaciones del GAFI abrieron un frente jurídico complejo.

Desde el propio Gobierno admiten que hay múltiples áreas involucradas en la elaboración del marco normativo, incluyendo Economía y los equipos legales de los organismos regulatorios. En paralelo, el oficialismo enfrenta la crítica directa de opositores que acusan falta de previsión y uso electoral del plan. El vocero presidencial ya había deslizado que la demora buscaba evitar que el kirchnerismo capitalice retóricamente los anuncios. La administración prefiere posponer la iniciativa antes que regalar una excusa a sus contendientes.

Pero el cimbronazo político va más allá del blanqueo fiscal. Donde el efecto real de las políticas del Gobierno empieza a sentirse con fuerza es en Tierra del Fuego. La decisión de reducir aranceles a la importación de productos como celulares, computadoras y televisores impacta de lleno en el régimen promocional de la provincia. El modelo fueguino, creado décadas atrás para generar empleo e industria, atraviesa ahora un recorte abrupto impulsado desde el centro del poder con un discurso de competencia y eficiencia económica.

El gobernador Gustavo Melella y los principales gremios provinciales convocaron para el 21 de mayo un paro total, en rechazo a lo que consideran un ataque directo a la producción local. La respuesta sindical fue inmediata y contundente: acusan al Gobierno nacional de poner en jaque a miles de puestos de trabajo y vaciar un esquema que sostiene a la economía regional. En un comunicado conjunto, las organizaciones denunciaron la ofensiva como una amenaza a la dignidad de las familias fueguinas.

Desde el Ejecutivo niegan cualquier sesgo revanchista y sostienen que el objetivo es “generar mayor competitividad”. Pero lo cierto es que la relación entre la Casa Rosada y la provincia austral se tensó al límite. Los funcionarios nacionales remarcan que deben respetarse estándares internacionales de comercio y que no hay espacio para modelos cerrados o artificialmente protegidos. Explican que los productos electrónicos ya registran una fuerte baja en los precios globales, y que eso no puede seguir ignorándose desde políticas nacionales.

El trasfondo tiene implicancias más amplias. La ofensiva sobre Tierra del Fuego también fue interpretada como un movimiento político con dedicatoria. Las suspicacias surgieron luego de que circulara la idea de que el empresario Nicolás Caputo, cercano al expresidente Macri y con intereses comerciales en la isla, podría estar entre los damnificados. Fue el propio Francos quien descartó cualquier venganza encubierta, aclarando que el recorte de beneficios no responde a animosidades sino a una necesidad estructural de reformar el sistema económico nacional.

En este combo de decisiones postergadas, reformas estructurales y tensiones federales, el oficialismo juega una partida de ajedrez que combina cálculo político y riesgo. Por un lado, busca encarar cambios profundos en el sistema económico argentino bajo la lógica de liberalización y eficiencia. Por el otro, corre el riesgo de quedar entrampado entre los plazos electorales, las resistencias sectoriales y la fragilidad jurídica de sus propias medidas. Mientras tanto, la agenda pública sigue marcada por anuncios que no llegan y reacciones que se multiplican.