La rebaja de impuestos a electrónicos: una jugada estratégica que va mucho más allá de los precios

El gobierno nacional volvió a mover el tablero con una decisión tan económica como política: la eliminación escalonada de los aranceles a la importación de productos tecnológicos como celulares, televisores y aires acondicionados, complementada con una baja a los impuestos internos. La medida, que promete una baja de hasta el 30% en los precios de esos productos, actúa en dos frentes. Por un lado, genera un alivio para los consumidores en un contexto de presión inflacionaria; por el otro, pone a prueba el músculo político del Ejecutivo frente a un entramado de intereses industriales que hasta ahora habían gozado de protecciones clave.

El anuncio contempla una baja inmediata del arancel de importación para celulares del 16% al 8%, con el compromiso de llevarlo a 0% a partir de enero de 2026. El esquema está diseñado para desarticular gradualmente uno de los ejes más cuestionados del modelo proteccionista que benefició históricamente a Tierra del Fuego, una provincia blindada fiscalmente bajo el paraguas de una ley de promoción industrial que durante años condicionó los precios del mercado interno.

En paralelo, se reducirá la carga impositiva interna del 19% al 9,5% para celulares, televisores y aires acondicionados de origen extranjero, y directamente al 0% para los fabricados en la isla. El mensaje es claro: más competencia, menos impuestos y una apertura que prioriza al consumidor frente a los intereses de las ensambladoras.

Lo interesante es que este viraje fiscal no llega solo. Días atrás, el propio vocero presidencial comunicó también un recorte del 35% al 20% en los aranceles para la importación de consolas como Playstation y Xbox. Mientras la noticia pasó casi desapercibida en el discurso público, en el sector tecnológico sonó fuerte: se trata de otro alineamiento con la lógica de mercado global y un gesto a las clases urbanas medias, que observan con lupa los precios de dispositivos hoy inalcanzables.

Pero el verdadero golpe de timón está en el frente interno. Al desactivar gradualmente la lógica de subsidios cruzados que defendía la producción fueguina, el Ejecutivo apuesta a romper con uno de los enclaves más blindados del viejo paradigma económico. Es también un desafío directo a la “burguesía industrial amiga del poder” que sostuvo parte de la red clientelar estatal durante décadas. Nada de esto ocurre en el vacío: hay tensiones abiertas con sectores que defienden el statu quo bajo la bandera del empleo nacional. Ya hubo contactos entre gobernadores del sur y el Congreso para evaluar el impacto de estas reformas.

Desde el punto de vista del consumidor, el impacto directo será tangible hacia 2026. El iPhone 16 Pro Max, valuado actualmente en 2.630.000 pesos, podría alcanzar los 2.138.000 con todos los beneficios impositivos aplicados, lo que implicaría un recorte de más del 19%. Modelos anteriores de Apple también tendrían reducciones proporcionales: el 15 Pro Max bajaría desde los 2.500.000 hasta cerca de los 1.750.000, según estimaciones del oficialismo. Lo mismo sucederá con televisores LED y aires acondicionados, cuyos precios podrían equipararse con los del resto de la región por primera vez en décadas.

Esto ocurre mientras el Banco Central sigue abrazando una política de flotación administrada del tipo de cambio y el equipo económico busca contener expectativas de inflación por fuera de los alimentos. La apuesta es audaz: descomprimir precios de bienes durables mediante apertura comercial y, al mismo tiempo, consolidar una narrativa de eficiencia microeconómica. Hay también una lectura política detrás de la medida. Con las elecciones intermedias en el horizonte, el oficialismo parece tocar teclas que hasta hace poco le eran ajenas: el consumo aspiracional, los intereses de clase media y la estética del mercado libre como promesa de normalidad.

Aunque aún faltan definiciones clave —como el régimen de transición para el stock actual en el mercado o un cronograma fiscal por provincia—, la jugada está hecha. Es una avanzada directa sobre esquemas proteccionistas históricos y una señal al capital internacional de que Argentina quiere, al menos esta vez, alinearse a un patrón global de precios y consumo. Con todo, no será un camino sin obstáculos. Algunos sectores industriales y gremiales ya comenzaron a movilizar sus lobbies y no se descarta que parte de esta ofensiva fiscal termine judicializada. El Ejecutivo lo sabe, pero también sabe que no hay reforma sin tensión.

Esta transformación no solo busca mejorar el acceso a dispositivos, sino redefinir las reglas del juego en un país donde producir caro y vender caro dejó de ser sostenible. La apertura ordenada, si se concreta, marcará una bisagra. El desafío de fondo: sostener la competitividad y el poder adquisitivo sin dinamitar el tejido productivo nacional. Para eso, no alcanza con el decreto. Hace falta un consenso que por ahora sigue en disputa.