Detienen al “Rey de La Salada” en una operación que expone un entramado de fraude millonario

Más de sesenta allanamientos simultáneos ejecutados en distintos puntos del conurbano bonaerense culminaron con la detención de Jorge Castillo, apodado “el Rey de La Salada”, y otros operadores clave de uno de los circuitos comerciales informales más activos del país. La redada se desplegó como parte de una investigación federal que reveló un sofisticado sistema de evasión fiscal, lavado de activos y estructura societaria ficticia que tomó cuerpo en el corazón del polo textil y mayorista de Lomas de Zamora.

La operación, que involucró a la Policía Federal Argentina, la Dirección General de Aduanas y organismos de fiscalización tributaria, incluyó ferias, oficinas, domicilios y depósitos vinculados al complejo de comercio informal conocido como La Salada. La Justicia identificó una red de 89 sociedades comerciales que servían como fachada para canalizar una estructura paralela de recaudación millonaria. Con una hoja de ruta armada por el Juzgado Federal N.º 2 y la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora, los procedimientos arrojaron resultados de alto voltaje, empezando por la figura de Castillo, símbolo de ese ecosistema con conexiones tanto con la política como con sectores de seguridad.

Desde hace años, La Salada ha funcionado como termómetro de la informalidad en la economía argentina. Pero lo que ahora expone la causa judicial excede el descontrol habitual del comercio ilegal: se trata de un sistema organizado para el lavado sistemático de capitales a partir de grandes cantidades de dinero generadas en efectivo. La red no solo incluía operadores del circuito ferial como Megapolo La Salada y Urkupiña, sino un verdadero andamiaje contable destinado a disimular el origen ilícito de los fondos, valiéndose de firmas legalmente constituidas y testaferros.

Frente al flujo diario de mercadería y efectivo que mueve el polo comercial –donde se estima que se comercializan productos por cifras multimillonarias al margen del sistema formal–, los investigadores pusieron el foco en los movimientos patrimoniales. El seguimiento de operaciones bancarias, registros contables, compra de bienes y flujos financieros permitió rastrear el “dinero negro” hasta estructuras visibles. Con todo, esta avanzada judicial se nutre de un rastreo que comenzó en 2023, apuntalado por las áreas de inteligencia económica de la PFA.

Castillo, quien desde hace tiempo oscilaba entre el rol de empresario exitoso y el de figura polémica con causas por violencia, administración irregular y complicidad con redes de explotación laboral, vuelve a estar en el centro de la escena. Su detención anticipa una disputa jurídica intensa, pero también deja al descubierto una matriz más amplia de evasión construida sobre el comercio informal, que fue tolerada por actores estatales, políticas laxas y connivencias no del todo esclarecidas.

El mensaje que emite esta operación excede la captura individual: apunta a desmontar la estructura que sustentó durante años un modelo económico subterráneo. La magnitud de los decomisos —documentación contable, computadoras, soportes digitales, más sumas considerables de efectivo— confirma lo que muchas veces circulaba como sospecha: que detrás del caos ferial existía un sistema con operadores, jerarquías y patrones financieros más organizados de lo que se quería admitir.

Las imputaciones incluyen asociación ilícita, lavado y evasión agravada. A medida que avance la investigación, podrían emerger responsabilidades más sensibles, incluyendo vínculos financieros con actores políticos locales o figuras del poder que durante años permitieron su funcionamiento. Todo indica que no se trata de una causa aislada, sino del inicio de un proceso de desarme de redes económicas informales con implicancias que podrían alcanzar zonas grises de la administración pública.

Mientras tanto, el caso reabre un debate incómodo para el Estado: la tolerancia estructural al comercio ilegal ha sido funcional a diversas estrategias —sociales, políticas, económicas—, pero también ha servido como instrumento para la acumulación de capital fuera del control fiscal. La caída de Castillo no cierra esa historia. Solo levanta el velo sobre una parte del engranaje.