Jorge Macri desafía a la Justicia y acuerda con Nación el operativo para la marcha de jubilados

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, rechazó el reciente fallo del juez Roberto Gallardo que obligaba a la Policía porteña a liderar el operativo de seguridad para la inminente manifestación de jubilados. En una jugada política anticipada, Macri apeló la medida, la tildó de nula y confirmó que, pese a la resolución judicial, se coordinará con fuerzas federales para custodiar la protesta.

En una presentación con carácter urgente ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo, la Procuración General porteña sustentó su apelación subrayando la “evidente” arbitrariedad y ausencia de fundamentación legal del fallo. El Ejecutivo local también objetó la falta de participación previa en el proceso, lo que —argumentan— violenta el derecho constitucional de defensa y el principio de división de poderes. La administración de la Ciudad acusa a Gallardo no solo de extralimitarse, sino de invadir funciones exclusivas del Ejecutivo en materia de seguridad pública.

En paralelo a la ofensiva judicial, Jorge Macri reforzó el mensaje político: aseguró que la seguridad en el centro porteño está garantizada y que el abordaje no puede diagramarse desde el escritorio de un juez. “Vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas locales, como siempre”, disparó, sugiriendo que el fallo interfiere en la operativa real de los cuerpos de seguridad y pone en riesgo el orden público en momentos de alta sensibilidad social.

Detrás del conflicto emerge algo más profundo: la obsesiva relación de Gallardo con el aparato de seguridad y su histórica tensión con las administraciones porteñas. Esta no es la primera vez que el magistrado dicta resoluciones que chocan con el Ejecutivo local. Pero esta vez, el conflicto escaló rápido, amplificado por la decisión del Ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Patricia Bullrich, de ignorar la orden judicial y mantener la presencia de fuerzas federales en la calle. La ministra no solo anticipó que no acataría el fallo, sino que lo consideró una intromisión inaceptable en sus competencias institucionales.

El origen de la disputa se remonta a una presentación impulsada por dirigentes gremiales de la CGT y de la UTEP que acusaron a la cartera de Bullrich de haber intervenido de forma ilegal en la protesta del 12 de marzo, donde 114 personas fueron detenidas y un fotógrafo resultó herido. Denuncian que las fuerzas federales actuaron sin autorización expresa y fuera del área de custodia del Congreso, lo que amplificó las tensiones de una escena ya cargada.

Gallardo falló a favor de los sindicatos y prohibió explícitamente a la Nación intervenir fuera del perímetro federal sin justificación. El fallo generó una implosión inmediata en Casa Rosada y movilizó al Ejecutivo porteño para tomar el control narrativo y político del escenario. Para Bullrich, la orden del juez no solo es un sinsentido jurídico, sino una maniobra política disfrazada de legalidad. A modo de respuesta, lo denunció por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

La disputa atraviesa distintas capas de tensión: la autonomía de la Ciudad, el rol de la Justicia en asuntos de seguridad y, sobre todo, el complejo mapa de responsabilidades en contextos de conflictividad social creciente. Con la CGT en pie de lucha y sectores sociales anunciando nuevas jornadas de protesta, la falta de claridad operativa entre jurisdicciones podría desembocar en episodios de caos callejero si no se ajustan las coordinaciones en tiempo real.

Lo que se juega aquí no es solo un enfoque operativo frente a una marcha de jubilados. Este nuevo choque entre el Gobierno porteño, el Ministerio de Seguridad y una parte del Poder Judicial de la Ciudad deja expuestos los límites de gobernabilidad en una administración donde las internas, la judicialización de políticas públicas y la desconfianza mutua dominan la escena. Para Jorge Macri, que aún busca consolidar su liderato político en la Ciudad con perfil propio y ganar terreno en la interna con su primo Mauricio, esta es una oportunidad para mostrarse firme, autónomo y con capacidad de gestión frente a la conflictividad social. Apostando fuerte, Macri no se baja del operativo conjunto con Nación, aun a costa de cruzar al sistema judicial. El miércoles será la primera prueba real de si la estrategia es también efectiva en la calle.