El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, presentó datos que contradicen las acusaciones de aumento del delito en la provincia. Aseguró que los homicidios han disminuido un 40% desde 2014, resaltando una baja en la criminalidad. Sin embargo, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos sigue siendo un desafío.
Desmentida con cifras
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, presentó recientemente una serie de datos oficiales con los que rechazó las acusaciones sobre un supuesto aumento del delito en la provincia. En respuesta a las declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, Alonso argumentó que las cifras muestran una realidad diferente a la que se ha estado difundiendo en los últimos meses.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario provincial sostuvo que “los homicidios dolosos han descendido un 40% desde 2014” y que la provincia cuenta con la tasa más baja de este delito en los últimos 20 años. Además, insistió en que los datos indican una reducción en otros delitos graves. Su presentación contrastó fuertemente con la caracterización de un crecimiento de la inseguridad realizada por fuentes de la oposición.
La polémica sobre la seguridad en Buenos Aires se intensificó en las últimas semanas a raíz de distintos episodios de violencia que captaron la atención pública y generaron un debate sobre la efectividad de las políticas de prevención del delito. En este marco, Bullrich había sostenido que la provincia era “tierra liberada para el crimen”. Las declaraciones de Alonso buscaron desarticular esa afirmación mediante cifras oficiales.
Datos y contexto sobre la criminalidad
Uno de los puntos centrales del informe presentado por el Ministerio de Seguridad bonaerense es la evolución de los homicidios en la provincia. Según Alonso, mientras en 2014 la tasa de homicidios alcanzaba 8,5 cada 100 mil habitantes, en 2023 descendió a 5,1. Aunque esas cifras reflejan una baja, el ministro reconoció que aún existen desafíos en materia de seguridad y prevención.
El funcionario también mencionó que en los últimos años se han reforzado las políticas de control, incluyendo mayores operativos de seguridad y patrullajes en zonas críticas. Sin embargo, analistas han señalado que los factores que determinan las dinámicas del delito son múltiples y no necesariamente responden a una sola medida gubernamental.
El debate sobre la seguridad en la provincia de Buenos Aires es un tema recurrente en la agenda política. Los índices delictivos han sido utilizados históricamente como argumento tanto por oficialistas como por opositores para justificar distintos enfoques en materia de prevención del crimen. La discusión se enmarca también en un contexto económico desafiante, donde los especialistas advierten que la crisis social puede incidir en el crecimiento de ciertos delitos como los robos y hurtos.
Un punto que sigue abierto a la discusión es la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. Mientras que las estadísticas pueden mostrar una baja en algunos delitos, el impacto que tienen los hechos violentos difundidos en los medios genera una sensación de vulnerabilidad que muchas veces no se corresponde con los datos. Este factor juega un papel clave en los debates sobre políticas de seguridad y en la formulación de estrategias por parte de los distintos gobiernos.
Las estrategias y respuestas del gobierno provincial
El gobierno de Axel Kicillof ha defendido su política de seguridad indicando que trabaja en el fortalecimiento de las fuerzas policiales y en la profesionalización de los agentes. Según Alonso, en su gestión se ha priorizado la inversión en equipamiento y unidades de patrullaje con la intención de mejorar la cobertura en los puntos críticos del territorio bonaerense.
Sin embargo, desde la oposición han cuestionado el modelo adoptado. Dirigentes de Juntos por el Cambio han insistido en que las estrategias actuales no son suficientes para reducir algunos delitos callejeros y que el gobierno debería implementar un enfoque más “preventivo y enérgico”. La comparación con gestiones anteriores y con otras jurisdicciones es otro punto de constante debate.
En ese sentido, Alonso aseguró que los datos desmentían que haya una escalada del delito fuera de control y sostuvo que el trabajo articulado con los municipios es clave para afrontar las problemáticas de seguridad. A nivel nacional, Bullrich ha promovido una política de “mano dura” y cambios en los protocolos de seguridad, lo que marca una diferencia clara con la postura provincial.
En un escenario en el que la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la sociedad, este tipo de enfrentamientos discursivos y estadísticos se repiten con frecuencia. ¿Cómo impactan estos debates en las decisiones de políticas públicas? ¿Es suficiente la presentación de cifras oficiales para modificar la percepción social sobre el delito?
