La oposición prepara una ofensiva parlamentaria para marcarle la agenda a Milei

Mientras Javier Milei profundiza su perfil de campaña en la provincia de Buenos Aires con duras críticas al gobernador Axel Kicillof, la oposición en Diputados aprovecha los huecos institucionales en la Cámara baja para avanzar con temas vetados por el Ejecutivo bajo el paraguas del “déficit cero”. Este miércoles, se avecina una sesión cargada de tensiones, en la que los bloques opositores buscarán doblegar la resistencia libertaria e imprimirle un nuevo rumbo legislativo al Congreso.

El temario incluye iniciativas incómodas para el Gobierno, como la declaración de la emergencia en salud pediátrica, el aumento de partidas para universidades y la recomposición salarial docente. Proyectos que, sin dictamen de las comisiones correspondientes, llegarán al recinto vía la figura de los emplazamientos, una herramienta reglamentaria con la que se buscará forzar que las comisiones presididas por oficialistas traten estos temas con fecha y hora definida.

Uno de los principales focos de conflicto será la comisión investigadora del caso $LIBRA, paralizada desde su creación tras un empate en la votación de autoridades. Los libertarios se resisten a dotarla de herramientas coercitivas para citar a funcionarios, entre ellos los hermanos Milei, lo que obstaculiza la investigación por presunto fraude y lavado de activos. La oposición, liderada por la Coalición Cívica de Maximiliano Ferraro y apoyada por sectores de la UCR, presentará un proyecto para destrabar el funcionamiento de la comisión y garantizar la continuidad de su trabajo.

En paralelo, el bloque Democracia para Siempre –alineación que fusiona a radicales referenciados en Facundo Manes y Martín Lousteau– también promueve retomar el tratamiento de la ley de financiamiento universitario. Tras una reciente movilización masiva y el creciente malestar por el ahogo presupuestario en el sistema educativo superior, los diputados opositores quieren reflotar el debate que el Ejecutivo apunta a congelar indefinidamente, argumentando su impacto fiscal.

El escenario se vuelve más denso tras el reciente veto presidencial a la ley de Emergencia para Bahía Blanca, sancionada luego del temporal que dejó 16 muertos. El gesto provocó malestar incluso en sectores moderados del Congreso, como la UCR, que habían acompañado la iniciativa. Con ese antecedente fresco, el pedido de tratamiento de nuevas emergencias, como la del Hospital Garrahan, cobra volumen político. La iniciativa plantea la asignación prioritaria de recursos para insumos, medicamentos, infraestructura y salarios, además de eximir a los profesionales de salud del pago de Ganancias por actividades críticas.

Frente a este embate, el oficialismo intenta cerrar filas en torno al relato fiscalista. Las comisiones clave –Presupuesto, Salud, Educación– están blindadas por figuras alineadas con el Ejecutivo que se niegan a debatir proyectos “inflacionarios” o que “ponen en jaque el déficit cero”. Es el caso de José Luis Espert, titular de Presupuesto, quien directamente ha bloqueado el acceso al debate, forzando a la oposición a presionar con emplazamientos para romper la parálisis institucional.

En términos parlamentarios, los emplazamientos requerirán maniobras quirúrgicas. Se necesitan los votos de dos tercios del pleno para forzar la votación directa de los proyectos sin dictamen, algo poco probable. Por eso, la estrategia se concentra en obligar a las comisiones correspondientes a tratar los temas mediante resoluciones subsiguientes, donde sí hay mayoría opositora posible. No será un camino simple, pero sí una muestra de fuerza política en tiempos de reflujo libertario en el Congreso.

La sesión que se proyecta será un test ácido para el músculo parlamentario de La Libertad Avanza. También permitirá medir cuánto margen le queda a Milei para sostener la línea dura sin fracturas internas ni rupturas con sus aliados circunstanciales del PRO, como Patricia Bullrich o Cristian Ritondo, que comienzan a incomodarse con el aislamiento institucional del oficialismo.

Desde el círculo cercano al Presidente ya se anticipan vetos sobre cualquier ley que afecte el equilibrio fiscal. La amenaza persiste incluso si los proyectos se aprueban en ambas cámaras. El problema, sin embargo, no es solo presupuestario. El veto sistemático también tiene un costo político, sobre todo en año electoral. Cierra canales de diálogo, bloquea demandas sociales fundamentales y, paradójicamente, ofrece a la oposición la posibilidad de erigirse como articuladores de soluciones frente a un Ejecutivo replegado sobre su núcleo identitario.

La sesión del miércoles puede ser un quiebre en la dinámica política de este Congreso atomizado. Un Congreso que, con mayoría opositora heterogénea pero articulada, empieza a gravitar como contrapeso frente a un Gobierno que apostó todo a un modelo presidencialista extremo, sin plan B ni vocación de construir gobernabilidad desde el diálogo. En ese contexto, el resultado de la sesión será más que legislativo: será estratégico.