El Senado debate ampliar la Corte Suprema: la jugada de Romero para reordenar el tablero judicial

Un proyecto que propone aumentar de cinco a siete el número de jueces en la Corte Suprema de Justicia irrumpió en la arena política con un impulso inesperado. La iniciativa, liderada por el senador Juan Carlos Romero, no solo plantea incrementar la cantidad de integrantes del máximo tribunal, sino que incorpora una cláusula de género que limita a cinco el número de magistrados del mismo sexo. Una propuesta que, más allá de la técnica legislativa, reabre la discusión sobre la estructura, la representatividad y la eficiencia del poder judicial en Argentina.

El texto modifica el artículo 21 del histórico Decreto Ley 1285/58, base estructural del funcionamiento judicial. La modificación no será sólo cuantitativa. Pretende también tornar el tribunal más equitativo en materia de género, atendiendo a mandatos constitucionales que exigen igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en los cargos públicos. En tiempos donde todo cambio institucional es sospechado de tener segundas intenciones, Romero apuesta a un reequilibrio que combina técnica jurídica y pragmatismo político.

En los fundamentos del proyecto suena una autocrítica no dicha: la Corte, aún con récord de sentencias en 2024, se volvió un cuello de botella en el sistema judicial. La “celeridad” y la “eficiencia” mencionadas en el texto parecen ir mucho más allá del número de expedientes, y remiten a una creciente percepción de parálisis institucional. Este mismo argumento ha sido usado por actores judiciales inquietos por la concentración de poder y el desgaste del cuerpo actual. Hoy, la Corte funciona con apenas tres miembros efectivos: Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. El resto, entre designaciones frustradas y pliegos caídos, quedó en el limbo de las buenas intenciones parlamentarias.

Detrás de la propuesta, se percibe el eco de fracasos previos como el intento por aprobar la ley de Ficha Limpia, que cayó inesperadamente en el Senado. Aquel episodio dejó al oficialismo desorientado y mostró que el control político de la Cámara Alta es más frágil de lo que se creía. Esta nueva embestida legislativa parece buscar revancha parlamentaria, y quizás algo más: ordenar el mapa de poder en uno de los organismos más sensibles del Estado.

No se puede excluir la geografía política en este debate. Romero, salteño con décadas de cintura peronista –aunque hoy más cercano a sectores federales autónomos–, es un operador fino. No casualmente habla en el proyecto de sumar jueces con “especializaciones diversas y de distintas regiones del país”. En otras palabras, la Corte deseada por Romero tendría mayor pluralidad ideológica y territorial, dos factores que podrían redimensionar el rol federal del tribunal.

La cláusula de género no es solo simbólica. Obligar a que no más de cinco miembros compartan el mismo sexo obliga a un rediseño profundo en las futuras designaciones. Es una jugada política que tensionará a los actores del sistema de selección: el Ejecutivo, el Senado, el Consejo de la Magistratura. ¿Significará más presencia femenina en un cuerpo históricamente dominado por varones? Todo dependerá del tipo de pactos que se tejan en el proceso de nominación.

En agosto del año pasado, el entonces ministro Mariano Cúneo Libarona había deslizado en una entrevista que “una Corte ampliada, armónica y justa” era deseable, sugiriendo que entre siete y nueve jueces era un número razonable. Aquellas declaraciones, leídas hoy, suenan a anticipo de lo que se está gestando en el Senado. Cúneo Libarona, además, es una figura de peso entre los sectores que reclaman una modernización institucional.

Esta no es una discusión nueva. La integración de la Corte fue tema recurrente en las últimas dos décadas, con avances y retrocesos según el color político del oficialismo. Desde la era Kirchner hasta la actual gestión, el tamaño y composición del tribunal ha sido motivo de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Cada intento de reforma suele cargar con el estigma de buscar “controlar” la Justicia, y por eso los consensos son costosos.

Romero parece apostar a una narrativa distinta: la legitimidad no por cercanía a los mecanismos de poder, sino por diversidad y eficacia funcional. Tiene una ventana de oportunidad: el agotamiento del modelo actual, la falta de quorum estable en la Corte y una oposición dividida. Si los bloques federales y algunos sectores dialoguistas se alinean en la lectura de que el status quo es inviable, el proyecto podría prosperar. Pero será una pulseada de alto riesgo.

El tablero judicial está en movimiento. Los nombres, los números y los géneros serán claves en esta nueva partida. Mientras el Senado delibera, todos los ojos estarán puestos en la Casa Rosada y su estrategia frente a una iniciativa que podría marcar un punto de inflexión en el mapa institucional argentino. La Corte que viene será el reflejo de las negociaciones de hoy. Y, como suele suceder en la política argentina, el futuro empieza a escribirse en voz baja, en los pasillos del Congreso.