La ministra Patricia Bullrich exigió la expulsión de socios de clubes de fútbol que participaron en una marcha de jubilados. Pidió a la AFA un comunicado de repudio, pero los clubes se mostraron cautos y no respondieron. La solicitud pone en tensión la autonomía de las instituciones deportivas en Argentina.“`html
Bullrich exige expulsión de socios por marchar: la AFA mide su respuesta
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó que los clubes de fútbol expulsen a los socios que participaron en la marcha de jubilados. En una conferencia de prensa, también pidió a la AFA que emita un comunicado de repudio, señalando a las instituciones por la presencia de hinchas con camisetas identificables en la manifestación. Desde el mundo del fútbol, la respuesta fue cauta: la dirigencia de los clubes afectados evitó pronunciarse y en Viamonte no hubo señales de acatar la exigencia del Ejecutivo.
El pedido de Bullrich coloca a la dirigencia del fútbol en una situación incómoda. Desde el Gobierno buscan dejar en claro que los clubes deben desmarcarse de cualquier participación en la protesta, pero desde la AFA y las instituciones afectadas temen una avanzada oficial que podría vulnerar los estatutos de la autonomía de las entidades deportivas. “Vamos a pedirle formalmente a todos los clubes cuyas hinchadas participaron una declaración de repudio y que expulsen a todos los asociados involucrados. Una expulsión inmediata”, dijo la funcionaria, pero no hubo reacción rápida del fútbol argentino ante la solicitud.
Las imágenes de la marcha mostraron hinchas de clubes como Independiente, Chacarita y Laferrere, entre otros, protestando contra el Gobierno con camisetas de sus equipos. Sin embargo, la reunión de hinchas con colores diferentes no significa una participación institucional de los clubes. “Para expulsar a un socio hay que violar el estatuto y someterse a un proceso interno. No debe haber causales de expulsión por marchar. Vivimos en democracia y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, señaló una fuente de la AFA.
La postura de la ministra de Seguridad avanza sobre el margen de los clubes para administrar su padrón de socios. En el fútbol argentino, la expulsión de un socio suele estar regida por tribunales de honor o instancias disciplinarias en cada club, que requieren un proceso con derecho a defensa. La idea de determinar la desafiliación de manera inmediata tensiona los límites de la injerencia estatal en el deporte y activa alarmas en Conmebol y FIFA, que históricamente se han manifestado en contra de la intervención gubernamental en los asuntos federativos.
En el trasfondo del pedido gubernamental, asoma la histórica vinculación de algunos clubes con sectores políticos y sociales. Chacarita, por ejemplo, fue fundado por jóvenes con ideas anarquistas y socialistas, en un contexto de efervescencia de lucha obrera. Hinchas de otras instituciones como Nueva Chicago y Atlanta tienen historia de participación en espacios políticos y sindicales. Desde la dirigencia de algunos clubes consultados subrayan que no existen causales de expulsión para quienes se manifiestan en la vía pública.
La reacción de los dirigentes del fútbol es clave. Hasta el momento, ningún club replicó el pedido de Bullrich, lo que marca una diferencia con acciones anteriores vinculadas a disputas políticas. En la última campaña presidencial, muchos clubes se pronunciaron en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), postura que el entonces candidato y actual presidente Javier Milei rechazó con énfasis. La falta de alineación automática del fútbol con el Gobierno en este caso puede entenderse como una señal de resistencia a presiones externas.
El dirigente Leandro Capriotti, señalado por la ministra como uno de los organizadores de la marcha, negó su implicancia y anunció acciones legales contra Bullrich. “No soy dirigente de Chacarita, soy socio. No estuve en la marcha. Lo que están haciendo con mi persona es una aberración en lo humano y en lo jurídico”, declaró en una entrevista. Además, aseguró que su familia recibió amenazas tras la exposición pública de su nombre.
El pedido del Gobierno no es menor. De prosperar, se sentaría un precedente inédito en el fútbol argentino, donde los estatutos han protegido históricamente a los socios. La AFA, de momento, mantiene el silencio y no gestiona ningún pronunciamiento ante sus clubes afiliados. “Esto es un club, no una empresa donde el patrón despide al empleado por un capricho”, dijo un dirigente del conurbano, reforzando la negativa a una respuesta inmediata al pedido oficial.
En Viamonte 1366 hay cautela. Bullrich pretende que los clubes colaboren con una iniciativa que generaría un conflicto con principios básicos de la organización del fútbol. Si bien el Gobierno tiene herramientas para presionar en otros frentes, la línea entre la autonomía de las instituciones y la intervención oficial es delgada. Por ahora, la pelota está en la cancha de los dirigentes, pero el clima en la AFA indica que no habrá una adhesión automática a la propuesta de la ministra.
“`