La disputa entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires por la crisis carcelaria se intensifica. La administración de Macri denuncia la saturación en comisarías, mientras el Ministerio de Justicia minimiza el problema. La falta de acuerdos entre ambos gobiernos agrava la situación y afecta las condiciones de detención.“`html
Conflicto entre Nación y Ciudad por la situación carcelaria
La disputa entre el Gobierno Nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires por el manejo de los presos alojados en comisarías porteñas se intensifica. Mientras la gestión de Jorge Macri denuncia la saturación de las dependencias policiales, el Ministerio de Justicia de la Nación minimiza el problema y desacredita los reclamos. Esta controversia se enmarca en un contexto más amplio de diferencias políticas entre ambas administraciones.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtió sobre las dificultades que afronta el sistema de detención en ese distrito. Según cifras del gobierno porteño, más de 2.400 detenidos permanecen en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, lo que supera ampliamente la capacidad de estos espacios. Macri sostiene que el Servicio Penitenciario Federal no está cumpliendo con su función de absorber parte de esta población penitenciaria.
Desde la administración nacional, el Ministerio de Justicia encabezado por Mariano Cúneo Libarona desestima estas acusaciones. Según fuentes de la cartera nacional, la Ciudad cuenta con recursos suficientes para gestionar la problemática sin intervención federal. Esta postura ha generado reacciones entre las autoridades porteñas, que insisten en la necesidad de una mayor articulación entre ambas jurisdicciones.
Las cifras del conflicto y el debate sobre responsabilidades
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asegura que la cantidad de personas detenidas en comisarías y alcaidías supera el doble de la capacidad operativa de estos centros transitorios. Aseguran que muchas de estas instalaciones no están diseñadas para detenciones prolongadas, lo que genera problemas humanitarios y de seguridad.
En contrapartida, el Ministerio de Justicia de la Nación argumenta que el sistema penitenciario federal también enfrenta limitaciones y que la Ciudad debe gestionar la situación con sus propios recursos. Funcionarios nacionales sostienen que la descentralización de la administración carcelaria requiere que distritos como la Ciudad de Buenos Aires desarrollen su infraestructura para evitar el colapso.
La creciente superpoblación carcelaria ha sido un tema recurrente en el debate político. Especialistas en el sistema penitenciario advierten que mantener a los detenidos en comisarías por períodos prolongados incrementa los riesgos de violencia, motines y deterioro de las condiciones de detención. La falta de un acuerdo entre Nación y Ciudad agrava la incertidumbre y deja sin solución inmediata al problema.
Además del cruce de acusaciones entre ambos niveles de gobierno, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación. Advierten que las condiciones en las que permanecen los detenidos en comisarías no cumplen con estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Sin acuerdos concretos a la vista, la discusión sobre qué nivel de gobierno debe asumir la responsabilidad principal sigue abierta. Mientras tanto, la crisis carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires continúa sin una resolución clara en el corto plazo.
“`
