Los gobernadores y la obra pública: del colapso a la negociación individual

El derrumbe de la obra pública durante los primeros meses del año encendió las alarmas entre los gobernadores, forzándolos a recorrer un camino de negociaciones solitarias con la Casa Rosada y a recurrir a sus propios recursos para sostener proyectos clave. Con una caída récord en la inversión estatal y la rígida postura de la administración libertaria de transferir el financiamiento al sector privado y a las provincias, la reconstrucción de la infraestructura crítica está en juego. En un año electoral, los mandatarios provinciales no pueden permitirse quedar atrapados en la parálisis.

El colapso en Bahía Blanca, una demostración brutal de lo que ocurre cuando la infraestructura se deteriora sin respuestas inmediatas, reavivó el debate. Mientras la Nación anunció un fondo de $200.000 millones para atender la emergencia, la mayor parte de los proyectos de largo plazo siguen en una especie de limbo administrativo. En ese contexto, algunas provincias decidieron hacerse cargo por cuenta propia. Córdoba, por ejemplo, ya lanzó licitaciones para completar tramos estratégicos de la autopista Ruta 19, con una inversión de US$153,9 millones. “Córdoba no abandona a los cordobeses”, remarcó Martín Llaryora, enviando un mensaje directo al gobierno nacional.

Más allá de los gestos políticos, lo concreto es que el Ministerio de Economía comenzó a destrabar algunos avales para que ciertas provincias puedan endeudarse en el exterior y financiar obras que en teoría deberían estar bajo la órbita nacional. Córdoba obtuvo el visto bueno para US$375 millones, mientras que CABA (US$300 millones para la expansión del subte), Santa Fe (US$555 millones para infraestructura social y económica) y otras cinco provincias también lograron acceder a distintas líneas de financiamiento.

La obra pública se convirtió en un insumo electoral de primera necesidad. Los gobernadores, sin un presupuesto nacional aprobado que les garantice transferencias automáticas, se ven obligados a negociar caso por caso con la Casa Rosada. La inversión pública cayó a 1,3% del PBI en 2024, un retroceso significativo desde el 2,6% que promedió en los dos años anteriores. En ese derrumbe, la inversión nacional prácticamente desapareció, afectando directamente a los planes de infraestructura que dependen de fondos federales.

El estado de las rutas es la principal preocupación de los mandatarios. La idea de privatizarlas, promovida por el gobierno libertario, no pasó de la fase de anuncios. Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa han sido las más ruidosas en sus reclamos, pero más allá de la retórica, ningún avance concreto se vislumbra en el corto plazo. En paralelo, provincias como Salta y Misiones decidieron avanzar con proyectos estratégicos, muchas veces absorbiendo costos que en circunstancias normales corresponderían al Estado Nacional.

La tensión entre los gobernadores y la Nación se expresa en maniobras silenciosas. Provincias con buena sintonía con la Rosada, como Santiago del Estero y Catamarca, lograron sostener proyectos clave con el financiamiento de organismos internacionales. Esta cercanía política se traduce en autorizaciones puntuales, pero no en un flujo regular de fondos. El congelamiento de la inversión pública nacional llevó a obras a un punto crítico: el 42% de las rutas nacionales en La Pampa, por ejemplo, están “muy cerca de colapsar”, alerta un informe técnico.

Mientras tanto, los gobernadores más alineados con el gobierno central también mueven sus fichas con sigilo. Tucumán, gobernada por Osvaldo Jaldo, recibió la mayor asignación dentro del último paquete de obras por decreto, con $25.938 millones destinados exclusivamente a infraestructura de agua potable. Santa Fe logró que se reasignaran fondos para la conservación de sus rutas más deterioradas. En este contexto, la estrategia parece ser clara: los mandatarios más colaborativos con los proyectos del oficialismo logran mejores resultados en el reparto negociado de recursos.

Los movimientos en el Congreso también inciden en esta dinámica. Los acuerdos sectoriales que el Ejecutivo impulsa con los gobernadores que poseen bancadas claves en la Cámara Baja y el Senado funcionan como moneda de cambio para la ejecución de ciertas obras. La apuesta oficial es sostener este esquema mientras las provincias consiguen financiamiento externo, pero nada garantiza que el goteo de inversiones sea suficiente.

La pelea por la obra pública se convirtió en una cuestión de supervivencia política. Mientras la Casa Rosada apunta a desentenderse del tema y algunas provincias intentan suplir el vacío con recursos propios, el desarrollo estratégico del país sigue en suspenso. Lo que se juega tras estas negociaciones de alta tensión no es solo el financiamiento de un puente o una autopista, sino la capacidad de la Argentina para sostener su infraestructura en un contexto de ajuste extremo.