El Gobierno denunció a la jueza que liberó a los detenidos en el Congreso

El Ministerio de Seguridad acusó penalmente a la jueza Karina Andrade por la liberación masiva de los detenidos durante los disturbios del 12 de marzo en el Congreso. La denuncia incluye prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Según el Gobierno, la magistrada tomó la decisión sin evaluar pruebas ni antecedentes, lo que compromete la legalidad del procedimiento.

Las críticas apuntan a la supuesta arbitrariedad con la que actuó Andrade, interfiriendo en un proceso de flagrancia que correspondía a la Fiscalía. Lejos de seguir los protocolos judiciales, la acusación sostiene que ordenó liberar a 114 personas a través de un grupo de mensajería instantánea, evitando el registro formal del procedimiento. La falta de intervención de la Fiscalía refuerza la tesis del oficialismo sobre una irregularidad manifiesta.

Entre los beneficiados por la decisión judicial se encontraban individuos con antecedentes por delitos graves, como tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y robo. Este punto refuerza la postura del Ejecutivo, que considera que la jueza desestimó por completo la responsabilidad de los detenidos en los hechos de violencia que dejaron policías heridos y destrozos en la Plaza de los Dos Congresos.

El Gobierno argumenta que su accionar comprometió la investigación y favoreció la impunidad. La jueza justificó su decisión asegurando que priorizó el derecho de protesta y que no correspondía evaluar antecedentes penales en esa instancia. Sin embargo, en los hechos, la liberación sin filtro de personas con historial delictivo encendió alarmas en el oficialismo, que sostiene que hubo un intento de desarticular la respuesta estatal ante hechos de violencia organizada.

Otro punto clave de la denuncia es el cuestionamiento a la falta de espacio en los centros de detención como argumento para liberar a los detenidos. Para el Ministerio de Seguridad, esa excusa resulta infundada, ya que existían lugares disponibles en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía Federal. Este detalle agrega un componente de sospecha sobre los verdaderos motivos detrás de la controvertida resolución judicial.

Con el caso ahora en el Juzgado Federal N° 1, el oficialismo busca que la Justicia revise el accionar de Andrade y determine si su decisión violó las normas vigentes. Al mismo tiempo, el Ejecutivo pretende que el fuero federal intervenga bajo la hipótesis de que los disturbios formaron parte de un esquema más amplio de sedición y ataque al orden institucional.

El trasfondo político de la denuncia no pasa desapercibido. La administración de Seguridad considera que hubo laxitud judicial frente a actos de violencia vinculados a sectores que buscan desestabilizar. Desde el oficialismo no ocultan su malestar con lo que interpretan como una connivencia entre sectores del poder judicial y grupos de presión políticos. La confrontación con Andrade se enmarca en un escenario más amplio de tensión entre el Gobierno y parte de la Justicia.

La reacción del Ejecutivo pone de manifiesto un endurecimiento en su postura frente a las protestas que derivan en violencia. La denuncia es también un mensaje dirigido a otros jueces: no habrá margen para decisiones que el Gobierno interprete como maniobras de amparo a sectores identificados con la radicalización política.

Con esta jugada el oficialismo refuerza su discurso de orden y legalidad, mientras aprovecha la situación para fortalecer su relato de mano dura contra la violencia política. El desenlace de este caso sentará un precedente clave en la relación entre el Gobierno y la justicia penal en un momento de alta sensibilidad política.