El índice de confianza en el gobierno cayó por quinto mes consecutivo y marca desgaste en la gestión Milei

La confianza ciudadana en el Gobierno nacional volvió a retroceder, marcando una caída del 3,7% en abril de acuerdo al Informe de Confianza en el Gobierno que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella desde hace más de dos décadas. El índice continúa en descenso, tal como sucedió en marzo cuando cayó un 5,4%. Actualmente, el promedio general de evaluación del Poder Ejecutivo se sitúa en 2,51 puntos sobre cinco, aún por encima del nivel que tenía la gestión de Alberto Fernández en su mismo período de mandato. Pero la caída parece consolidar un giro negativo en las expectativas sociales frente a la administración de Javier Milei.

El resultado no sorprende a quienes siguen el pulso político: Milei supo capitalizar el hartazgo ciudadano con la dirigencia tradicional y logró sostener un núcleo de apoyo sólido durante los primeros meses, impulsado por promesas de ajuste, reformas estructurales y una narrativa antipolítica eficaz. Sin embargo, la percepción sobre su capacidad de gestión, honestidad institucional y eficiencia administrativa comenzó a erosionarse desde el inicio del otoño. Hoy, el presidente libertario enfrenta su primera curva de desconfianza sostenida, aún cuando sigue superando a sus antecesores inmediatos.

El trabajo realizado por Di Tella se basa en una serie de preguntas repetidas cada mes, que miden la capacidad del Gobierno para resolver problemas, la honestidad de sus funcionarios, la eficiencia en el gasto público, la preocupación por el interés general y una evaluación global. Cada componente registró una baja respecto al mes anterior. El ítem más afectado fue el de preocupación por el interés general, que cayó un 9,7%, mientras que la evaluación general del Ejecutivo descendió un significativo 4,9%.

La encuesta también registra diferencias sensibles por género, edad, nivel educativo y situación geográfica. Los hombres muestran mayores niveles de confianza que las mujeres; los más jóvenes (entre 18 y 29 años) se mantienen más optimistas que las generaciones mayores, y quienes residen en el interior del país se muestran más confiados que los habitantes del Gran Buenos Aires o de la Ciudad. Del mismo modo, aquellos con estudios terciarios o universitarios, y quienes no fueron víctimas de delitos, tienden a tener una percepción más favorable del gobierno actual.

La fotografía democrática que ofrece el índice de abril resulta especialmente significativa si se la compara con experiencias anteriores. En el segundo año de la presidencia de Mauricio Macri (2017), el nivel de confianza era 10,7% más alto que el actual bajo Milei. No obstante, el libertario aún conserva una ventaja del 34,5% respecto a la confianza que generaba Alberto Fernández en abril de 2021, en el mismo año de mandato. El dato sugiere que a pesar del declive, el gobierno actual mantiene una performance superior a la de algunas administraciones pasadas.

No obstante, la tendencia descendente preocupa al círculo íntimo del presidente, sobre todo al considerar que abril es un mes bisagra: el rebote positivo registrado en octubre de 2024 se habría agotado, dejando el terreno para un posible invierno complicado para la administración. La mejora de la imagen oficial se había sustentado en la caída de la inflación y el control del déficit, pero los niveles de aprobación parecen no seguir ese ritmo económico. La pregunta empieza a circular en sectores empresariales y políticos: ¿cuánto tiempo más resistirá Milei sin ampliar su base de sustentación política?

Puertas adentro, el Gobierno se aferra a las encuestas de fidelidad del núcleo duro, que siguen mostrando una adhesión leal de entre un 25% y un 30% del electorado. Esa franja, aunque insuficiente para encarar reformas estructurales con legitimidad social, alcanza para sostener un clima de apoyo mediático y limitar la interna libertaria. Sin embargo, las alertas se encienden con más fuerza en el Congreso, donde los costos políticos ya empiezan a sentirse con el freno a leyes clave como la Ley Ómnibus, y el enojo creciente de algunos gobernadores por la falta de articulación institucional.

Por ahora, la estrategia oficial parece orientarse al endurecimiento discursivo, más presencia pública del presidente y una ofensiva contra sectores que “no permiten gobernar”. Pero el humor social es otro vector de presión. La desconfianza no responde solamente a variables ideológicas: también hay una demanda creciente por resultados tangibles, tranquilidad económica y una señal de conducción consistente. Si el deterioro del índice se acentúa en los próximos meses, la gobernabilidad podría entrar en un terreno más incierto, justo cuando el oficialismo busca imponer su lógica refundacional contra los tiempos de la calle y del Congreso.

El índice de confianza, nacido en 2001, no ofrece predicciones, pero sí una radiografía clara de los estados de ánimo colectivo frente a los gobiernos. Su caída sostenida no augura una crisis inmediata, pero sí anticipa turbulencias políticas si no se produce un cambio en las percepciones ciudadanas. El capital político, al fin y al cabo, es un recurso escaso. En la Argentina, rara vez alcanza con una idea para mantener el poder.