El paro general de 36 horas convocado por la CGT para el jueves próximo se consolida como uno de los mayores gestos de resistencia sindical al gobierno de Javier Milei. La adhesión de los trabajadores no docentes, nucleados en FATUN, marca no solo la profundidad del malestar social por los recortes, sino también la capacidad de articulación en un contexto que empuja a reorganizar alianzas en el mapa gremial argentino. La decisión del sector universitario, sumada a la de otros gremios combativos y del transporte, revela fisuras dentro del sindicalismo moderado, que hasta ahora había optado por una postura más prudente frente a las políticas de ajuste.

Walter Merkis, dirigente de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), fue quien oficializó la adhesión. “En reclamo de salarios dignos, paritarias libres y en defensa del presupuesto universitario”, explicó en un comunicado. Esa frase sintetiza el núcleo del malestar en el sector público educativo, golpeado por el recorte presupuestario y un proceso paritario que hasta ahora ha sido considerado insuficiente por buena parte de los gremios.

La medida alcanza, además, a otros sectores estratégicos. Los sindicatos ferroviarios, los metrodelegados del subte capitalino, el Sindicato de Peones de Taxi y la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) han decidido plegarse. Desde APA confirmaron que afectarán vuelos en todo el país y que, el día previo al paro, se unirán a una movilización en defensa de los jubilados. Con esta participación transversal, el paro adquirirá un tinte simbólico de unidad sindical, pero también será una prueba de fuerza de cara a la continuidad del llamado “plan de lucha”.

Sin embargo, la UTA, uno de los gremios más visibles por el impacto de sus medidas en la vida cotidiana, se vio forzada a abstenerse de acciones contundentes. Aunque expresó su respaldo, la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo limitó su margen de acción, lo que permitirá que los colectivos urbanos funcionen con normalidad. Esta tibieza fue percibida como una puñalada interna por algunos sectores de la CGT, que ven en esa decisión una señal de debilidad o desfase respecto al resto del movimiento obrero.

El paro del 10 de abril será la tercera gran huelga nacional de la CGT durante la gestión Milei y aparece cargada de significados políticos. No solo por el repudio a las reformas económicas y laborales que impulsa el oficialismo, sino también por lo que revelan las formas en que se alinea o fragmenta el mapa del sindicalismo. En sectores disidentes empieza a hacerse visible un reclamo creciente por endurecer las posturas contra el gobierno, acentuando el perfil callejero y recuperando espacio en la arena pública que se vio debilitado en los últimos años.

Mariana Scayola, secretaria general de ADEMYS, e Ileana Celotto, de AGD UBA, anunciaron que junto al dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero y la diputada del FIT Mónica Schlottahuer convocarán a una conferencia de prensa para presentar un plan de lucha con eje en el Congreso. El día anterior al paro marcharán junto a jubilados y movimientos sociales bajo una consigna clara: avanzar en una huelga más prolongada y combativa, para “derrotar el plan motosierra” y rechazar el pago de la deuda con el FMI. La fecha, el lugar y los interlocutores reflejan una intención política clara: disputar protagonismo incluso dentro del propio universo opositor.

Desde la CGT, en tanto, ya se confirmó que el plan de lucha continuará con una movilización masiva el 1° de mayo, Día del Trabajador. Con ello, la central sindical busca recuperar centralidad en el calendario político 2025, en momentos donde los gremios han sido arrinconados por iniciativas legislativas orientadas a limitar los aportes obligatorios y deteriorar el poder de fuego de las estructuras sindicales tradicionales.

La movilización del 10 de abril emerge como un termómetro. Será un test real para medir cuánto poder conserva el sindicalismo en las calles, una de sus herramientas históricas más efectivas, y cuánta capacidad de daño simbólico puede infligir al gobierno en un momento de fragilidad social. Más allá del acatamiento total o parcial, lo que está en juego esta vez no es solo un aumento salarial, sino quién ocupa el centro del relato opositor frente al ajuste. Y, quizás más relevante aún, quién escolta o disputa en ese lugar.