Universidades lanzan paro nacional y movilización federal en reclamo salarial y por financiamiento

El conflicto universitario estalla nuevamente en el panorama político argentino: docentes, investigadores y estudiantes encabezarán una nueva Marcha Federal Universitaria y un paro nacional de 48 horas, el jueves 26 y el viernes 27. El motivo, lejos de ser menor, responde a una dramática falta de respuesta del Gobierno frente al deterioro salarial y presupuestario que atraviesa al sistema de educación superior desde inicios de 2024.

La disposición del paro, impulsada por la CONADU Histórica, corrió como reguero de pólvora en los claustros. Reclaman una “urgente actualización salarial” luego de meses de congelamiento sin revisión paritaria real, y rechazan la política de ajuste que, según denuncian, recorta fondos operativos, congela ingresos, desfinancia programas y empuja a varias universidades al funcionamiento mínimo. “Nos están asfixiando”, difunden en comunicados internos los gremios docentes, movilizando también al estudiantado y a los trabajadores no docentes.

El escenario marca el regreso de una herramienta que viene ganando espacio en la agenda docente: la Marcha Federal Universitaria. Esta será la tercera edición y promete exhibir una masividad similar a la del abril pasado, cuando cientos de miles marcharon en todo el país. Bajo la consigna “¡Prendete a defender la universidad pública!”, están previstas manifestaciones y actos simultáneos en universidades nacionales desde Buenos Aires hasta la Patagonia. Esta movilización, más que una señal institucional, es una respuesta política directa al modelo de ajuste que impulsan desde la Casa Rosada.

El trasfondo es una puja no resuelta: mientras el Ministerio de Capital Humano posterga indefinidamente la convocatoria a paritarias, el Gobierno nacional sigue sin girar los refuerzos presupuestarios prometidos para el segundo semestre. Rectores y decanos se reunieron en distintas oportunidades con funcionarios del Ejecutivo, pero las respuestas oscilaron entre la indiferencia y el silencio. En consecuencia, la tensión escaló, aglutinando incluso a sectores que, habitualmente, no participan en medidas de fuerza.

Confluyen ahora tres actores centrales: los gremios docentes agrupados en CONADU Histórica y otras federaciones, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores, y la Federación Universitaria Argentina (FUA), que representa al movimiento estudiantil. Esta articulación transversal y estratégica muestra que los reclamos van más allá de lo salarial: en el corazón del conflicto está el financiamiento integral del sistema, su sostenibilidad y el lugar que la universidad pública ocupa en el proyecto de país.

El paro incluirá visibilizaciones en redes sociales, asambleas interclaustro, tomas simbólicas de rectorados y clases públicas en espacios urbanos. El mensaje es claro: no se trata sólo de salarios docentes, sino de la supervivencia de un modelo educativo que fue referencia regional. “Sin presupuesto justo, no hay universidad posible”, es otro de los lemas que recorre redes y volanteos.

El eje más delicado de la protesta apunta al Congreso: las comunidades educativas exigirán también que se trate con urgencia la Ley de Financiamiento Universitario. Este proyecto permanece por ahora empantanado en comisiones, sin el empuje del oficialismo. Desde el mundo académico advierten que sin una ley marco que garantice previsibilidad financiera, los recortes se volverán estructurales y la parálisis, crónica.

La estrategia del Gobierno parece apostar al desgaste. En privado, algunos funcionarios deslizan que las universidades “deberían ser más eficientes” y que los fondos ejecutados “ya son significativos”. Pero el discurso fiscalista choca con las cifras: según el CIN, el presupuesto prorrogado de 2023 fue consumido por la inflación y no contempla los aumentos de servicios, salarios actualizados ni crecimiento de matrícula. Incluso algunas universidades ya funcionan en modo de emergencia presupuestaria.

La Marcha Federal, por tanto, se convierte en un punto de inflexión. No es únicamente una demanda sectorial, sino un intento de reinstalar el valor político de lo público en un tiempo donde las derechas avanzan con un relato privatizador que infantiliza el modelo estatal. Para el oficialismo, será una prueba de fuego: o reconocen el conflicto y se sientan a negociar, o se arriesgan a protagonizar una nueva escalada que puede transformarse en crisis estructural de gobernabilidad universitaria.