La Legislatura porteña volvió a sesionar tras siete meses sin actividad: avances mínimos en un escenario de alta fragmentación política

Después de siete meses de inactividad parlamentaria, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reactivó su agenda, pero el regreso fue más simbólico que efectivo. La única ley aprobada fue la que elimina los costos de 71 trámites administrativos. Otros proyectos clave para la reestructuración fiscal y el estímulo a la inversión no prosperaron por falta de consensos, lo que refleja la fractura del tablero político porteño y la delicada negociación que enfrenta el oficialismo en el recinto.

En un contexto de crisis económica y presión social creciente, el oficialismo buscó mostrar gestión impulsando un paquete de medidas en línea con su discurso de simplificación burocrática. La ley sancionada elimina aranceles en decenas de trámites vinculados a rubros como licencias de conducir, registro civil, habilitaciones, seguridad y protección ambiental. Así, se estima un ahorro significativo para ciudadanos y empresas, calculado en $50.000 anuales por cada una de las más de 50.000 propiedades afectadas. Una movida pragmática, aunque inocua frente al agujero fiscal y el clima de malestar en sectores medios y pymes.

Sin embargo, el capítulo más importante, que apuntaba a una reforma del Régimen simplificado de Ingresos Brutos y a la adhesión de la Ciudad al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), quedó fuera de escena por falta de mayorías. La misma suerte corrió una moratoria impositiva que contemplaba deudas de ABL y patentes, y una propuesta vinculada al Impuesto de Sellos con alícuota cero para operaciones comerciales claves. Todos estos proyectos deberán volver a comisión, confirmando que la fragmentación política es hoy el principal escollo para cualquier transformación estructural.

El equilibrio de fuerzas en la Legislatura, condicionado por la dispersión de bloques opositores y aliados circunstanciales al Ejecutivo, impide consolidar respaldos sólidos. El oficialismo liderado por el macrismo no logra construir mayoría estable y debe negociar caso por caso, sentándose incluso con sectores que no tienen voluntad de cogobierno. La sesión dejó en claro que esa dinámica está costando caro a los planes de recuperación de la gestión porteña.

En paralelo, se colaron temas de alta temperatura política. Se aprobó un pronunciamiento a favor de los médicos residentes del Hospital Garrahan, en conflicto con el Gobierno nacional, mientras fue rechazado el intento del legislador Facundo del Gaiso de subir del 6% al 12% la carga de Ingresos Brutos sobre el juego online, medida que buscaba equiparar el gravamen con el juego físico. El peronismo, por su parte, utilizó parte de la sesión para escenificar su repudio al fallo que otorgó prisión domiciliaria a Cristina Fernández, desplegando carteles que exigían su libertad y lanzando dardos directos a la Corte Suprema.

La única conquista legislativa concreta fue un proyecto que responde más a la lógica de la vieja gestión de Rodríguez Larreta que a la etapa actual. Según cifras del Ejecutivo, ya se eliminaron 35 trámites que se consideraban innecesarios, se digitalizaron 38 y el 94% de los procesos administrativos en la Ciudad ya se gestionan online. El titular de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, planteó que la iniciativa eliminada “busca lograr una mayor eficiencia en los trámites que debe realizar el sector privado” y anticipó que, a lo largo del año, la digitalización será total en todos aquellos casos donde no se requiera presencialidad.

Entre los trámites alcanzados están la rúbrica de libros, permisos, renovaciones de licencias de remises —que costaban $28.719—, y estudios para otorgamiento de licencias de conducir como el neuropsicológico y psicodiagnóstico. Se estima que esta medida beneficiará a más de 2.000 personas por mes solo en ese segmento.

Pero detrás de la medida administrativa se esconde una postal más preocupante: la imposibilidad de abordar cuestiones fiscales de fondo. Ni el alivio tributario para los sectores medios, ni los incentivos a la inversión pudieron avanzar por falta de acuerdos de base. Y eso no es otra cosa que el reflejo de una Legislatura paralizada políticamente, donde las urgencias económicas chocan permanentemente con las estrategias partidarias.

El próximo test llegará cuando el Ejecutivo intente reactivar esos proyectos empantanados. Pero si la falta de consensos persiste, las señales al mercado y a los contribuyentes serán débiles e inconsistentes. Mientras tanto, la Ciudad acumula deuda política interna y externa: con los legisladores, pero también con los vecinos, que siguen esperando reformas de fondo, no solo alivios administrativos.