El Gobierno de Buenos Aires comenzará a cobrar atención médica a extranjeros sin DNI. Esta medida, motivada por la sobrecarga del sistema, busca equilibrar el acceso a la salud entre residentes y visitantes. Mientras emergencias seguirán siendo gratuitas, los servicios programados tendrán aranceles para turistas y estudiantes. La implementación genera un intenso debate político y social sobre equidad y derechos.

El Gobierno porteño comienza a cobrar la atención médica a extranjeros sin DNI

En una decisión que marca un punto de inflexión en la política de salud pública, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó el cobro por la atención médica en hospitales públicos a extranjeros que no posean DNI argentino. La medida, estipulada por resolución del ministro de Salud porteño, establece aranceles para prácticas programadas como internaciones, cirugías y estudios de alta complejidad, mientras que las emergencias seguirán siendo gratuitas.

El argumento oficial detrás de esta decisión es la sobrecarga del sistema sanitario debido a la atención de pacientes extranjeros sin residencia legal en el país. Según fuentes de la cartera de salud, se observó un incremento significativo de extranjeros que utilizaban el sistema sin contribuir fiscalmente a su mantenimiento. La política, aseguran desde el gobierno porteño, busca garantizar la sustentabilidad del sistema y evitar desigualdades en el acceso a la atención médica para residentes argentinos.

La medida se dirige a aquellos que se encuentran en el país por períodos limitados —turistas, visitantes ocasionales, estudiantes extranjeros— y que no cuenten con documentación argentina. Los extranjeros con residencia legal continuarán recibiendo asistencia sin costos adicionales, planteándose así una diferenciación entre quienes poseen estabilidad en el país y quienes solo están de paso.

El mecanismo de cobro se activará desde el momento en que el paciente solicite una consulta o práctica médica no urgente. En primera instancia, el personal administrativo identificará si el solicitante cuenta o no con DNI. De no poseerlo, se derivará el caso a una unidad especial que emitirá un presupuesto según el tipo de atención requerida. El paciente podrá aceptar el costo y abonarlo, recurrir a su consulado o, en caso contrario, apelar ante un comité que evaluará la situación y determinará si es factible la prestación sin costo por razones humanitarias.

El sistema de salud no está exento de presiones políticas ni de lecturas estratégicas. Esta política de cobro a extranjeros no surge en un vacío: se inscribe en un contexto de ajuste presupuestario y de creciente debate sobre el acceso a los servicios públicos. Con provincias como Salta, Jujuy y Mendoza ya aplicando esquemas similares, Buenos Aires se suma a una tendencia que busca restringir el acceso irrestricto al sistema sanitario, argumentando que es insostenible en términos financieros.

La implementación de este régimen también responde a tensiones en el escenario político nacional. Desde el gobierno de la Ciudad sostienen que llevar adelante esta política de cobro es un acto de “justicia fiscal”, mientras que sectores de la oposición advierten sobre los riesgos de generar barreras que pueden afectar derechos fundamentales, alertando sobre una posible estigmatización de los inmigrantes en el sistema de salud.

En términos operativos, la administración porteña apuesta a que la medida tendrá un impacto disuasorio sobre la demanda de servicios por parte de extranjeros en tránsito. Las primeras experiencias en Salta revelaron una caída inmediata de la cantidad de pacientes foráneos, lo que en teoría alivió la presión sobre los hospitales públicos. La pregunta clave es si este mismo efecto se replicará en una ciudad con el volumen de población y tránsito internacional de Buenos Aires.

A corto plazo, la efectividad de la medida dependerá de su implementación y de la capacidad del sistema para gestionar el nuevo esquema de cobros sin generar demoras o decisiones arbitrarias. Desde el Ministerio de Salud aseguran que habrá flexibilidad en los casos de vulnerabilidad y sostienen que no se negará atención en ningún caso de urgencia. Sin embargo, los opositores ya anticipan eventuales judicializaciones argumentando que la medida podría vulnerar tratados internacionales sobre acceso equitativo a la salud.

El próximo desafío será la evaluación de resultados: ¿realmente descomprimirán los hospitales porteños? ¿Impactará en la percepción de justicia e inclusión en el sistema de salud? ¿Se trata de un ajuste administrativo o de un giro ideológico hacia una política de acceso más restringido a los servicios públicos? Mientras avanzan las primeras semanas de implementación, el debate está lejos de cerrarse.