Gobierno y gobernadores buscan un “terreno neutral” para bajar la tensión política

El Gobierno nacional y un grupo de gobernadores intentan tender puentes tras varios días de máxima tensión institucional. La Sociedad Rural Argentina, sede histórica de la exposición agrícola-ganadera en Palermo, se presenta como el escenario elegido para un reencuentro informal que podría funcionar como válvula de escape en el conflicto. En Balcarce 50 no descartan la posibilidad de un acercamiento que evite profundizar la confrontación entre Casa Rosada y las provincias que buscan más fondos y representación política en la toma de decisiones.

Sin formalidades ni convocatorias oficiales, altos funcionarios del Ejecutivo y gobernadores denominados “dialoguistas” aprovecharán el cruce en la Rural como espacio de conversación. Según fuentes gubernamentales, no se prevé ninguna mesa institucional, pero sí conversaciones informales que podrían permitir reanudar el diálogo paralizado tras el reciente avance legislativo de la oposición en el Senado. La decisión de buscar un entorno neutral responde a la creciente tensión provocada por la amenaza presidencial de vetar las leyes sancionadas por el Congreso, entre ellas la actualización de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

El vínculo entre Nación y provincias ha llegado a un punto crítico. Mientras Javier Milei sostiene públicamente que bloqueará cualquier intento opositor de desestabilización fiscal, los gobernadores de las principales provincias reclaman con firmeza la restitución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Ambas iniciativas cuentan con media sanción y llegarán en los próximos días a Diputados, donde el margen de negociación variará dependiendo del comportamiento de los legisladores referenciados en las provincias.

En este contexto, la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el evento de Palermo es leída como una señal política. Francos ha quedado como principal interlocutor del oficialismo con las provincias, especialmente desde que algunos operadores del entorno presidencial redujeron su exposición. Se suman otros actores con llegada directa a la Casa Rosada, como Eduardo “Lule” Menem y Santiago Caputo, aunque este último mantiene un perfil más bajo en las últimas semanas.

La desactivación del acto del 9 de julio en Tucumán, donde La Libertad Avanza pretendía mostrar músculo político con el respaldo de gobernadores del ex Juntos por el Cambio, dejó expuesto el vacío de poder territorial que enfrenta el oficialismo. A diferencia de aquella fallida convocatoria, el evento ruralista tiene una dimensión simbólica fuerte. Allí, la expectativa gira en torno a una presencia compartida que obligue a las partes a bajar el tono y generar al menos un canal de mínimo entendimiento.

La fractura institucional se profundizó tras la última sesión en el Senado, donde con respaldo de legisladores alineados con provincias patagónicas y cuyanas se aprobaron medidas que disgustan al oficialismo. El Ejecutivo sospecha una jugada coordinada entre ciertos gobernadores y bloques opositores para debilitar sus márgenes fiscales. Sin embargo, puertas adentro reconocen que convoques sin respuesta ni soluciones concretas pueden convertir el enfrentamiento en una derrota estratégica en el Congreso.

La postura de algunos mandatarios provinciales marca una línea clara: no habrá apoyo legislativo gratuito. Sin una propuesta realista y redistributiva, advierten, no convalidarán vetos ni otorgarán gestos de gobernabilidad simbólica. De hecho, voceros cercanos a varios gobernadores deslizan que los proyectos promovidos en el Senado no solo carecen de impacto fiscal significativo, sino que buscan equilibrar recursos retenidos por la Nación, sin romper metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.

Entre los mensajes clave que emiten las provincias se destaca la necesidad de reactivar la obra pública y rever la política fiscal sobre el campo. La suba de retenciones ya en agenda genera rechazo transversal. “Limar márgenes de ganancia es forzar el quiebre con un sector que aún muestra paciencia”, señalan desde una gobernación agrícola clave, donde también critican la parálisis del presupuesto para infraestructura. Esa preocupación se extiende a distritos del norte, donde el atraso en pagos del Tesoro por partidas descentralizadas ya genera presión sindical.

La hoja de ruta de Nación pivotea sobre una variable: el plazo de diez días que le otorga la Constitución para vetar las normas aprobadas por el Senado una vez comunicadas oficialmente. Si el Ejecutivo decide avanzar por ese camino, en Diputados necesitará al menos 87 voluntades para sostener su veto. En el oficialismo creen que la mayoría está al alcance, pero reconocen que sin un esquema de incentivos claros, la disciplina legislativa podría deshilacharse.

De fondo, la puja territorial con los gobernadores involucra más que solo recursos fiscales: se perfila como la antesala de una redefinición de liderazgos de cara a las elecciones de octubre. La tensión entre Karina Milei, que busca centralizar la estrategia libertaria, y figuras como Caputo, que promueven un diálogo más político, dibuja un mapa interno todavía incierto. El cierre de listas legislativas en los próximos meses podría aclarar alianzas nuevas o confirmar rupturas definitivas.

En las provincias, en tanto, asoma una dinámica clara: acuerdos sí, pero con costo definido. El “terreno neutral” rural puede ser una postal simbólica de acercamiento. Pero también marcará cuánto pierde el oficialismo encerrado en una estrategia de veto sin retorno. Con el Congreso activo y el termómetro electoral en ascenso, los próximos días serán decisivos para determinar si el Gobierno puede recuperar iniciativa o quedará sitiado por los reclamos territoriales.